No se puede cuidar con las manos vacías

Elaborado por Jhiampier Felix, estudiante de Ciencia Política en la UNMSM y pasante en el Instituto de Criminología.

Todos los días, policías, bomberos y equipos de rescate enfrentan situaciones que ponen en riesgo sus vidas con una certeza que no debería ser negociable: cuando llegue una emergencia, las herramientas para responder deberían estar ahí. Sin embargo, entre los anuncios de inversión en seguridad y lo que efectivamente llega a las manos de quienes deben protegernos existe una distancia que también define la capacidad del Estado para garantizar seguridad.

Quienes nos cuidan necesitan sentirse seguros de poder comunicarse con sus compañeros, llegar a tiempo a una emergencia y contar con equipos suficientes para proteger a los ciudadanos, pero también para protegerse a sí mismos. Como menciona Nicolás Zevallos en su reciente columna para El Comercio, policías y bomberos necesitan confiar en que las compras se concreten y que el dinero público termine convertido en las herramientas que permitan salvar vidas. Esa sensación de seguridad no depende únicamente de anunciar nuevos patrulleros, equipos o sistemas de comunicación, sino de saber que efectivamente estarán disponibles cuando se necesiten.

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El problema aparece cuando el Estado mide su respuesta por lo que anuncia y no por lo que logra entregar. Un presupuesto asignado no protege por sí mismo, así como una compra anunciada no permite apagar un incendio ni responder ante un delito. Mientras no exista certeza sobre cuándo se ejecutarán los recursos, quién será responsable de hacerlo y si los equipos llegarán finalmente a las instituciones que lo necesitan, los anuncios continuarán siendo más visibles que sus resultados.

El gobierno en funciones tiene la responsabilidad de garantizar que las inversiones en seguridad lleguen efectivamente a quienes las necesitan. No basta con mencionar nuevas inversiones para la policía, los bomberos o los equipos de rescate. Hace falta comprometer una respuesta específica sobre la trazabilidad de esos recursos: plazos verificables, responsables identificables y mecanismos que permitan conocer si el presupuesto fue ejecutado y si el equipamiento llegó efectivamente a su destino. La seguridad de quienes protegen a la ciudadanía también depende de que el Estado pueda demostrar que cumple lo que promete.

Cuando un policía pueda salir a una intervención sabiendo que tendrá comunicación y equipamiento adecuados, cuando un bombero pueda llegar a un incendio con las herramientas necesarias y cuando un rescatista tenga la certeza de que los recursos para responder estarán disponibles cuando cada segundo importe, podremos hablar de un Estado que realmente respalda a quienes nos cuidan, porque garantizar seguridad ciudadana también significa garantizar seguridad a quienes tienen responsabilidad de hacerla posible. No se puede pedir que nos cuiden con las manos vacías.