Más inversión minera requiere un Estado que garantice mayor seguridad

Elaborado por Jerry Mao, estudiante de Ciencia Política en la UNMSM y pasante en el Instituto de Criminología.

El precio del oro está en niveles históricos y la demanda de otros minerales crece. Como sostuvo Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, en su artículo «Mensaje para sentirnos seguros», los mineros legales necesitan sentirse seguros de aprovechar el buen precio del oro y la demanda de minerales sin que la minería 1l3g4l capture esos beneficios. Esa misma idea permite entender por qué esa combinación sólo podrá traducirse en más inversión, más empleo formal y más recaudación si el Estado garantiza condiciones efectivas de seguridad.

Seguridad, aquí, tiene tres componentes concretos. Primero, la certeza de que aprovechar el precio del oro y de otros minerales no implica exponerse a la v10l3nc14 de las economías 1l3g4l3s que compiten por el mismo territorio. Segundo, la confianza de que pagar impuestos y cumplir con la formalidad no los deja en desventaja frente a quienes no lo hacen. Tercero, la garantía de que invertir en las comunidades donde operan no será aprovechado por la minería no legal para expandirse bajo su sombra.

Esa minería no legal no es un competidor más: es una industria que sostiene su modelo de negocio en la violación de derechos humanos. Masacra en socavones. Invade con fusiles de asalto. Explota a sus trabajadores en condiciones extremas. Cada vez que el Estado no logra distinguir con claridad entre uno y otro tipo de minería, o cada vez que una política pensada para «ordenar» el sector termina beneficiando indistintamente a ambos, la señal que recibe el minero legal es que su seguridad no es una prioridad real.

Lea también: [El Comercio] Mensaje para sentirnos seguros

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es la Ley 32537, que amplía el Registro Integral de Formalización Minera hasta diciembre de 2026. Según instituciones especializadas, como el Colegio de Abogados de Lima, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, esta ley, al contrario de fomentar la formalización de la minería informal, lo que ha generado son espacios de oportunidad para continuar con actividades informales o, incluso, sirve de cobertura para la 1l3g4l1dad.

En ese sentido, el desafío para la política minera sigue siendo el mismo: que los incentivos y las medidas de formalización estén diseñados para que sea la minería legal, y no la 1l3g4l, la que capture los beneficios del actual ciclo de precios. Ello implica fortalecer la trazabilidad del mineral, asegurar una presencia efectiva del Estado en las zonas donde confluyen ambos tipos de minería y proteger a las comunidades y trabajadores expuestos a la v10l3nc14 de las economías 1l3g4l3s.

Para los inversionistas, los gremios y las autoridades regionales, el principal desafío no radica únicamente en los anuncios, sino en su implementación. Diferenciar con claridad a la minería legal de la minería 1l3g4l mediante políticas e intervenciones estatales consistentes es una condición necesaria para que el actual contexto de altos precios de los minerales se traduzca en mayor inversión, empleo formal y desarrollo, en lugar de fortalecer a las economías 1l3g4l3s que amenazan al sector.