La seguridad ciudadana ocupó, junto a la mitigación del fenómeno El Niño, el primer lugar entre los siete objetivos del discurso de toma de mando del 28 de julio. No es poco: significa recursos extraordinarios, decretos de urgencia y facultades delegadas destinados explícitamente a este frente. El diagnóstico que lo sostiene es igual de contundente: 24% de las empresas del país víctimas de un delito en 2024, y el incendio de La Victoria que hace apenas cinco días dejó 10 muertos por no ceder a una extorsión. La pregunta que queda abierta no es si la seguridad importó en el discurso, sino si lo dicho alcanza para transformarse en resultados.
Lo más saltante no es un anuncio operativo sino un objetivo de fondo: devolver el espacio público al ciudadano. El discurso lo plantea dos veces —como promesa general de «recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público», y como cierre del párrafo sobre el uso de las Fuerzas Armadas, donde la meta declarada no es solo restablecer la autoridad del Estado sino «devolver esos territorios a los ciudadanos». Esta diferencia en el lenguaje importa: no se trata de ocupar territorio, sino de restituirlo a quien lo perdió.
Ese objetivo se instrumentaliza mediante control territorial, estados de emergencia y Fuerzas Armadas. A diferencia de la declaratoria genérica que tantas veces hemos criticado como medida sin sentido estratégico, el discurso -en principio- acota su aplicación: se activa donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal ya le arrebataron el control al Estado, con las Fuerzas Armadas asumiendo un liderazgo temporal en coordinación con la Policía Nacional. Dentro de todo, es un criterio más preciso que el habitual. Pero un criterio no es una metodología: el texto no explica cómo se focalizará, por cuánto tiempo, ni cómo se medirá si el territorio efectivamente vuelve a manos del ciudadano o si el delito simplemente migra a la cuadra de al lado.
El segundo pilar es el fortalecimiento y la modernización policial, y aquí el discurso parece bajar a lo concreto: videovigilancia interconectada, inteligencia artificial para mapear el delito, centros de comando, un sistema permanente de reconocimiento al mérito y la promesa de devolver a la Policía Nacional el equipamiento y el respaldo político que necesita. Sin embargo nada de esto funciona si seguimos devolviendo el presupuesto destinado a la seguridad. Aquí, al menos, hay un vehículo de inversión nombrado, pero debemos transitar a que no sea una intención genérica.
El tercer eje apunta al crimen organizado y las economías ilegales. Ahí el discurso no promete perseguir únicamente al delincuente de a pie, sino desarticular a las mafias nacionales e internacionales desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Extorsión, sicariato, narcotráfico y minería ilegal aparecen como un problema articulado y no como delitos sueltos, lo cual es coherente con lo que estas economías realmente son: cadenas de valor sostenidas por financiamiento y violencia, no hechos aislados. Pero ¿se comprende como opera la fragmentación de estos fenómenos? ¿Alcanzará con atender solo a las grandes estructuras?
El cuarto eje, justicia y sistema penitenciario, es el más operativo y también el más modesto: unidades de flagrancia, una reforma penitenciaria para que las cárceles dejen de ser centros de operaciones del crimen organizado, y coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Son medidas necesarias, pero distan de ser la reforma institucional de fondo que hemos planteado como ineludible: una agenda de Estado —no de gobierno— que involucre a los tres poderes y al sector privado. Creemos necesario un pacto político que sostenga esa gestión más allá de este gobierno.
Y ahí quedan las dos ausencias que más pesan. Ninguna palabra sobre prevención del delito ni sobre trabajo comunitario, pese a que el propio discurso anunció políticas de primera infancia, empleo juvenil y educación que podrían —y deberían— leerse como parte de la misma estrategia de seguridad: es en esas brechas sociales que generan factores de vulnerabilidad para el crimen, no solo en la ausencia de control territorial. Y falta, sobre todo, el salto de entender la seguridad no como uno más de siete objetivos, sino como la condición que hace posible a todos los demás: sin ella no hay inversión sostenida, ni MYPE que crezca, ni obra que se ejecute.
Como era previsible, la presidenta priorizó la seguridad. Falta ver si su gobierno se anima a tratarla como el piso sobre el que se construye todo lo demás, o si seguirá siendo un capítulo más de la lista.
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