El discurso presidencial y el reto de recuperar la seguridad ciudadana

Elaborado por Jazmin Aguilar, estudiante de Ciencia Política en la UNMSM y pasante en el Instituto de Criminología.

En vísperas del próximo discurso presidencial, la seguridad ciudadana vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. En un reciente artículo publicado en El Comercio, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, utiliza una comparación para mostrar hasta qué punto la v10l3nc14 ha dejado de ser un fenómeno excepcional y se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Al comparar la tasa de h0m1c1d10s del Perú con el umbral que la salud pública considera una epidemia, plantea una pregunta inquietante sobre el momento en que comenzamos a normalizar niveles de v10l3nc14 que hace apenas unos años habrían resultado inadmisibles.

Lo preocupante no es solo el crecimiento de estos indicadores, sino la capacidad del cr1m3n organizado para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y utilizar nuevas formas de intimidación. En ese contexto surge la 3xt0rs10n mediante mensajes de texto, una modalidad que demuestra cómo la cr1m1nal1dad ha sabido aprovechar la tecnología para infundir miedo sin necesidad de un encuentro directo entre víctima y agresor. Un teléfono móvil y una amenaza bastan para alterar la vida cotidiana de cualquier ciudadano.

Sin embargo, reducir esta problemática únicamente al incremento de la d3l1ncu3nc14 sería simplificar un fenómeno mucho más complejo. Cuando un ciudadano recibe un mensaje amenazante y su primera reacción no es acudir a las autoridades, sino preguntarse si realmente vale la pena denunciar, el problema deja de ser exclusivamente cr1m1nal para convertirse en una muestra de la fragilidad del Estado. La percepción de que las instituciones no pueden prevenir ni responder eficazmente frente a estos d3l1t0s termina fortaleciendo a las organizaciones cr1m1nal3s, que logran imponer el miedo por encima de la autoridad.

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En ese sentido, como sostiene Zevallos, el primer discurso presidencial representa una oportunidad para replantear la manera en que se aborda la seguridad ciudadana. No basta con anunciar más patrulleros, más operativos o nuevas comisarías si estas medidas no forman parte de una estrategia capaz de fortalecer las capacidades del Estado. La seguridad pública no debería medirse por la cantidad de recursos desplegados, sino por la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas coordinadas, generar resultados verificables y recuperar la confianza ciudadana. Más que un Estado que reaccione frente a cada nueva crisis, el país necesita un Estado presente, capaz de anticiparse a las amenazas y de transmitir la certeza de que el monopolio de la seguridad no ha sido desplazado por las organizaciones cr1m1nal3s.

Solo cuando los ciudadanos dejen de sentir que un mensaje de texto puede imponer más miedo que la propia autoridad, podremos afirmar que las políticas públicas en materia de seguridad están cumpliendo su verdadero propósito. La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en combatir el d3l1t0, sino en reconstruir la confianza entre la ciudadanía y un Estado que debe demostrar, con hechos y no solo con anuncios, que sigue siendo el principal garante de la seguridad y del orden democrático.