El Instituto de Criminología y Cumbres del Sajama presentaron en La Paz, Bolivia, un análisis sobre las tendencias del crimen organizado en la región andina el pasado 5 de mayo. El investigador Nicolás Zevallos Trigoso, Director de Asuntos Públicos de la institución, expuso ante representantes del sector privado y académico los factores de oportunidad que dinamizan economías ilegales como la minería y el narcotráfico.
Durante el foro internacional sobre minería ilegal y violencia, el experto detalló que el costo de la inseguridad en América Latina representa el 3.44% del PIB regional. Según el especialista, esta cifra evidencia que el fenómeno criminal ha dejado de ser una amenaza estrictamente de orden público para transformarse en un obstáculo estructural para la competitividad.
La ponencia resaltó la vigencia del triángulo de oportunidad delictiva como marco interpretativo fundamental para la gestión de amenazas. Este modelo explica cómo la confluencia de un actor motivado, un objetivo alcanzable y una vigilancia ineficaz permite la expansión de mercados ilegales, especialmente en contextos donde el Estado presenta capacidades operativas limitadas.
En la región andina, la alta rentabilidad del oro y la cocaína constituye el punto de origen de cadenas de suministro globales. El investigador enfatizó que estas actividades no operan de forma aislada, sino que configuran ecosistemas criminales complejos con múltiples capas de afectación que incluyen delitos secundarios como el tráfico de armas y la corrupción de funcionarios.
«No debemos mirar al crimen organizado solamente como un asunto de violencia criminal, sino principalmente como un problema severo de competitividad y desarrollo socioeconómico en nuestro país», señaló el Director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. El experto advirtió sobre la mutación de las bandas criminales, que hoy afectan desde grandes operaciones hasta economías locales.
El análisis técnico identificó que la informalidad económica, que alcanza el 50% en América Latina, actúa como un factor de oportunidad crítico para la extorsión. La falta de vigilancia en los flujos financieros informales permite que organizaciones criminales capturen rentas de pequeños y medianos emprendedores, generando un círculo de descapitalización y riesgo físico.
El Instituto de Criminología propuso una agenda de gestión basada en la comprensión de la racionalidad económica de las redes criminales. La institución instó a los actores públicos y privados a evaluar daños directos e indirectos bajo una mirada criminológica, permitiendo el diseño de protocolos específicos que protejan las operaciones y el desarrollo social en la región.
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