CUSCO, 2 de mayo de 2026 – En el marco del foro «Seguridad para la Sostenibilidad de la Amazonía» en la Expo Amazónica 2026 organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible , el Instituto de Criminología y Estudio de la Violencia alertó que el modelo de negocio de las economías ilícitas ha desbordado las capacidades del Estado. La institución propuso un cambio de paradigma hacia un enfoque empresarial para enfrentar la rentabilidad del crimen organizado en el país.
Durante su intervención en el bloque sobre dimensiones de la criminalidad, el Director de Asuntos Públicos de la institución, Nicolás Zevallos, presentó cifras que evidencian la magnitud del reto. Según las investigaciones del Instituto, solo en actividades detectables vinculadas a la cadena del narcotráfico, el flujo económico asciende a 5,400 millones de dólares anuales.
Esta cifra resulta alarmante al contrastarse con la inversión pública en seguridad: el monto movilizado por estas economías supera en cientos de veces el presupuesto de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO). Zevallos enfatizó que el fenómeno ha superado el diseño institucional del Estado, señalando que «las economías ilegales han desbordado la capacidad de control».
La propuesta central presentada en la Expo Amazónica Cusco 2026 reside en aplicar el paradigma empresarial para desmantelar las economías ilícitas. Este enfoque permite descomponer las cadenas de suministro y comprender que los actores no operan bajo una lógica moral, sino de rentabilidad.
El Instituto también advirtió sobre la complejidad de fiscalizar un sistema donde el dinero «sucio» se mezcla con una estructura económica informal. En el Perú se ejecutan aproximadamente 15 millones de transacciones diarias, muchas de ellas microtransacciones digitales que dificultan la vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La institución concluyó que el sistema judicial peruano presenta resultados ínfimos —menos de 300 sentencias condenatorias frente a un océano de transacciones— debido a limitaciones operativas y no a falta de voluntad técnica. Se hizo un llamado urgente a dotar de presupuesto real a las políticas de seguridad para romper el ciclo de criminalidad en la región.
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