En unas semanas tocará escuchar un nuevo discurso presidencial, donde la seguridad debe ser la protagonista. Compartimos algunas propuestas que a nuestro entender deben ser parte de un plan urgente y evidenciarse en este discurso presidencial.
Un plan gubernamental para enfrentar la inseguridad debe articularse en torno a la reorganización operativa y el fortalecimiento institucional. La prioridad inmediata es la conformación de un equipo especial contra el sicariato, con una meta operativa fijada en los primeros 100 días de gestión. Este grupo debe tener la responsabilidad de identificar, capturar y procesar a los autores materiales que operan bajo órdenes de organizaciones criminales en los centros urbanos. Para garantizar la efectividad de estas acciones, se requiere el reforzamiento del sistema de recompensas del Ministerio del Interior, buscando una mayor participación ciudadana en la provisión de información relevante. Paralelamente, se debe instalar un equipo especializado para el control territorial de las extorsiones, el cual debe integrar unidades de inteligencia, investigación criminal y fuerzas tácticas, manteniendo una coordinación directa con el Ministerio Público para asegurar la intervención en las rutas y conglomerados comerciales.
La estrategia también debe abordar el desmantelamiento de las economías ilícitas mediante una intervención táctica en los nodos de suministro del narcotráfico y la minería ilegal. Las acciones se deben centrar en interceptar el flujo de equipamiento e insumos químicos necesarios para estas actividades, así como en la neutralización de centros de acopio y plantas de beneficio. El enfoque debe incluir el rastreo y bloqueo de los flujos financieros asociados a estas cadenas. De manera complementaria, se necesita una revisión integral del marco normativo e institucional contra el crimen organizado. Esta reforma debe contemplar la creación de un subsistema especializado que involucre a la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. El objetivo debe ser acelerar los tiempos de procesamiento judicial y asegurar la reclusión efectiva de los sentenciados en establecimientos de máxima seguridad, garantizando así un control más riguroso sobre las organizaciones criminales.
Para sostener estas operaciones, el Ejecutivo requiere una reestructuración de los instrumentos de gestión de la política de seguridad. Es necesaria la simplificación, integración y actualización de los programas presupuestales y las políticas nacionales vigentes, buscando que su ejecución responda con inmediatez a la crisis actual. Asimismo, fortalecer los sistemas de compras y adquisiciones de las instituciones de seguridad y justicia. Es urgente unificar las unidades ejecutoras en centrales de compras que prioricen la adquisición de bienes indispensables, como equipos de telecomunicaciones, vehículos y equipamiento técnico, reduciendo así las brechas logísticas que limitan la capacidad operativa de las fuerzas del orden y del sistema de administración de justicia.
Finalmente, la estrategia demanda un componente de prevención ante posibles desastres naturales. Se necesita un equipo especial destinado a monitorear y contener las amenazas criminales emergentes vinculadas a fenómenos climáticos, como El Niño. Estos grupos de seguridad necesitan recursos para el transporte y comunicación que les permita proteger las ciudades afectadas y evitar el incremento de delitos como robos o extorsiones durante las emergencias. Esta estructura busca garantizar una presencia estatal constante en zonas vulnerables, asegurando que el orden público no se degrade ante situaciones de crisis externas.
La ejecución de estas medidas depende de la capacidad del Estado para coordinar sus instituciones y optimizar los recursos asignados a la seguridad, bajo un esquema de planificación que busca resultados concretos a corto y mediano plazo para la estabilidad social. ¿Podremos ver algunas de estas ideas u otras semejantes en el discurso presidencial?
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