¿Qué ocurre cuando las únicas pruebas en una intervención policial son la contraposición de los testimonios de los ciudadanos y los agentes? Esta falta de certeza técnica suele derivar en dos caminos: la impunidad de quien comete un delito o la desprotección legal del policía que actúa bajo la ley. O vice versa. La realidad de las calles demuestra el problema operativo: la falta de herramientas estandarizadas para registrar lo que ocurre en tiempo real. Resolver esta brecha no es un asunto ideológico, sino de gestión pública para dar predictibilidad y respaldo a ambas partes.
Los hechos ocurridos en comisarías y operativos en Lima —como fallecimientos bajo custodia, decesos durante intervenciones de tránsito o denuncias de agresiones— muestran una constante: la incertidumbre probatoria. Cuando un procedimiento con consecuencias graves ocurre sin un registro claro, la reconstrucción de los hechos depende de versiones encontradas. Esta falta de información alimenta la desconfianza ciudadana, nos aleja de que se actúe con justicia, y deja también al policía en una situación de alta vulnerabilidad.
Frente a este escenario, la trazabilidad digital mediante sistemas de registro automatizado sirve como una herramienta de protección de carácter bidireccional. Para el personal policial, un registro objetivo es la mejor defensa frente a denuncias falsas que buscan frenar su trabajo. Grabar en tiempo real que el uso de la fuerza se realizó según los protocolos elimina la discrecionalidad y da seguridad jurídica al agente. Para el ciudadano, este mismo registro garantiza que la intervención respete el debido proceso y sus derechos fundamentales.
No obstante, es indispensable evitar la trampa del solucionismo tecnológico. La adquisición de cámaras corporales (bodycams) o sistemas de videovigilancia no es una solución mágica. Comprar equipos de manera aislada, sin una estructura institucional que los respalde, no tiene un impacto real en la reducción del delito ni en la confianza pública. La tecnología funciona únicamente si forma parte de un sistema integral estructurado bajo reglas claras.
Esto exige, en primer lugar, un marco normativo que defina cómo proteger las grabaciones para que sirvan como prueba válida ante la Fiscalía. En segundo lugar, requiere protocolos operativos obligatorios que eliminen la discrecionalidad sobre cuándo encender las cámaras corporales y eviten la manipulación de los archivos. Asimismo, el éxito del sistema debe medirse mediante indicadores de eficacia policial real —como la reducción de quejas y la solidez de las investigaciones que llegan al juez—, respaldado por una capacitación institucional continua para que el personal policial maneje la evidencia digital y entienda que el registro es su mejor garantía de defensa legal en la calle.
La integridad de este sistema exige también una infraestructura de datos centralizada. Para garantizar que las pruebas sean confiables y evitar sospechas de manipulación, el almacenamiento de la información no debe depender de la propia comisaría o de la unidad que realiza el operativo. Los datos deben transferirse de forma automática a servidores centralizados y encriptados. Así se facilita un acceso seguro y auditable para la Fiscalía. Para financiar esto, el Estado debe priorizar el gasto en infraestructura de datos antes que en compras de equipos tácticos de poco uso.
La eficacia policial no se mide por el número de intervenciones in situ, sino por la capacidad del Estado para sostener legalmente esas acciones ante la justicia. Un sistema de trazabilidad digital no busca vigilar de manera punitiva al policía; busca profesionalizar y blindar su trabajo con bases técnicas. Dar transparencia al trabajo de campo es la única vía para recuperar la confianza, proteger la integridad jurídica de los agentes y ofrecer un servicio de seguridad que funcione.
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