Elaborado por Yamil Casallo, integrante del Taller de Criminología.
El financiamiento ilegal de la política en el Perú no se explica ni por el imaginario colectivo que coloca a los criminales como “intelectuales de primer nivel” ni por la negligencia de determinados funcionarios. Sino que responde a una combinación de condiciones que hacen del sistema político un receptor estructuralmente raso al dinero de origen ilícito. Siendo estas lo económico y social-político.
El primer factor es la magnitud. Las ventas de economías ilegales en el Perú movilizan aproximadamente US $7.5 mil millones anuales, equivalentes al 2,7% del PBI, impulsadas principalmente por la minería ilegal de oro y el tráfico de cocaína (Instituto de Criminología, 2025). Frente a esos números, el costo de una campaña presidencial representaría una fracción mínima: menos del 0,2% de las ventas anuales de esas economías (Instituto de Criminología, 2025). El dinero ilícito no necesita sofisticación para entrar a la política, pues le basta con ocupar el espacio que deja un financiamiento privado en el que los aportes individuales concentran el 88,2% de los ingresos reportados en la primera vuelta de 2026 (ONPE, 2026). La ONPE puede “fiscalizar”, dentro de todo, lo declarado, pero no así con lo que circula fuera de los registros; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede observar flujos, pero no reemplaza la capacidad de rastreo que exige un sistema de campañas en efectivo. La asimetría es estructural, ocasionando que el flujo no regulado supere cualquier control situacional o de corto periodo.
El segundo factor es la dependencia que crea, debido a que se estima que las cadenas de suministro de las economías ilegales emplean a 1,4 millones de capital humano, equivalentes al 8,6% de la PEA (Instituto de Criminología, 2025). Sumado a ello una informalidad laboral normalizada que alcanzó al 70,2% de la población ocupada en 2025 (INEI, 2026). En territorios donde el empleo formal es escaso, las economías ilegales no son un actor externo, sino que se convierten en el tejido económico local, y esta base social no solo dificulta la acción del Estado, porque también produce demandas de representación. Donde hay una economía ilegal de gran escala, surgen, consigo, intereses que necesitan gestión política, vale decir: mayor acceso territorial, protección frente a la fiscalización, flexibilización de normas y rutas. Ver al dinero ilegal como un mero financista de campaña es soslayar el motivo que hay detrás, que es tener representantes de su minoría, sea ilícita o no, y que alguien hable por esos intereses en el espacio público (Mujica, et al., 2026). La dependencia social es, así, el sustento material de la representación política de lo ilegal.
Por último, un factor determinante es el colapso del sistema de partidos; este atraviesa una crisis de representación que lo vuelve especialmente vulnerable: verbigracia, los partidos que obtuvieron escaños en el Senado del Congreso suman apenas el 35,6% del electorado hábil, es decir, que entre los seis partidos sumaron 9.737.262 votos bajo distrito único nacional para el Senado, dentro de los 27 325 432 electores habilitados (JNE, 2026). Sin organizaciones con militancia estable y democracia interna efectiva, las candidaturas se vuelven permeables a quien quiera y pueda financiarlas. El dinero ilegal no compra un partido ideológico, sin embargo, sí compra la oportunidad de colocar candidatos en estructuras flébiles que dependen de recursos externos para “existir”. Como plantea Mujica, et al. (2026), más que una “infiltración” circunstancial, lo que se configura en varias regiones es una caja de traducción política de intereses ilegales. La debilidad partidaria no causa por sí sola el fenómeno, pero lo facilita, negativamente.
Aun así, ninguno explica por sí solo el fenómeno; el flujo económico importa porque su base social depende de él; esa base se traduce en política porque hay partidos lo suficientemente débiles como para que el dinero ilícito encuentre espacio. Por ende, mientras estos tres planos sigan operando simultáneamente, la competencia electoral será formalmente libre pero sustantivamente desigual.
Referencias Bibliográficas
Instituto de Criminología. (2025). Economías ilegales y elecciones: análisis exploratorio (Serie Tendencias y Alertas, N.° 4). ICEV; Empresarios por la Integridad. https://criminologia.pe/wp-content/uploads/2025/06/tendencias-y-alertas-4-estimaciones-economias-ilegales.pdf
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades. Cuarto trimestre 2025 [Informe técnico]. INEI. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9450232/7739601-peru-comportamiento-de-los-indicadores-del-mercado-laboral-a-nivel-nacional-y-27-ciudades-cuarto-trimestre-2025.pdf
Observatorio para la Gobernabilidad – INFOgob. (2026). Serie Elecciones Generales 2026 – Reporte N°. 5. ¿Quiénes elegiremos a las próximas autoridades? Análisis del padrón electoral para las Elecciones Generales 2026. Jurado Nacional de Elecciones. https://www.jne.gob.pe/dneect/2026/P_JNE_040226_1.pdf
Mujica, J.; Zevallos Trigoso, N.; Campos-Vásquez, C. (2026). Amenazas del crimen organizado a los procesos electorales (y representación política de las economías ilegales en Perú). Instituto de Criminología; UK Foreign, Commonwealth and Development Office. https://criminologia.pe/amenazas-del-crimen-organizado-a-los-procesos-electorales-y-representacion-politica-de-las-economias-ilegales-en-peru/
Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2026). Análisis Electoral N.° 7: Financiamiento político privado EG 2026: organizaciones políticas y candidaturas. ONPE. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/10243907/8325336-ae-07-financiamiento-politico-privado-eg-2026-organizaciones-politicas-y-candidaturas.pdf?v=1783029007
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