Elaborado por Edgar Flores, integrante del Taller de Criminología.
Cuando nos referimos al crimen organizado interfiriendo en unas elecciones, pensamos en candidatos baleados, ánforas quemadas y mesas de sufragio que no se instalan. Sin embargo, aunque la violencia se extiende en el país, no es una amenaza determinante para los procesos electorales. Se identifica un riesgo especialmente importante en la incorporación de dinero procedente de economías ilegales a las campañas y en la presencia de candidatos que podrían representar intereses vinculados con esas actividades (Mujica, Zevallos y Campos Vásquez, 2026). Por lo tanto, se distingue entre la violencia que afecta el desarrollo de los comicios y la influencia que puede ejercerse sobre quiénes compiten y qué intereses llegan a estar representados.
El problema es que el dinero puede comprar algo más duradero que una publicidad electoral: acceso, capacidad de presión y expectativas de devolución de favores. Una candidatura no necesariamente necesita recibir una amenaza explícita para quedar condicionada. Si depende de aportes opacos o de recursos cuyo origen no puede verificarse, existe el riesgo de que determinadas decisiones públicas. Esto significa que la transparencia debe permitir distinguir el financiamiento legítimo de aquel que busca ocultar su origen o comprar influencia.
La dimensión del problema se refleja también en los diagnósticos del sistema de inteligencia financiera. Según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-SBS, 2023), las actividades delictivas ligadas a la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y la corrupción generan miles de millones de dólares anuales que buscan ser legitimados. La entidad ha advertido explícitamente sobre el riesgo que representan las campañas electorales como vehículo para el lavado de activos, lo que evidencia que la fiscalización del financiamiento político constituye una prioridad de seguridad nacional y no un mero trámite administrativo.
El estudio también plantea que las economías ilegales no operan de manera aislada: tienen cadenas de producción, transporte, comercio y exportación, y movilizan recursos en distintos territorios. En ese contexto, el dinero destinado a la política puede ser la parte visible de una relación económica más amplia. Los autores señalan como ejes de mayor probabilidad de riesgo el corredor de la costa norte, el sur andino, la franja amazónica y Lima-Callao; aclaran, no obstante, que estos resultados son una valoración de riesgo que requiere análisis local y no una prueba de responsabilidad de cada candidato o partido de esas zonas (Mujica et al., 2026).
Por consiguiente, la percepción de la ciudadanía refleja este clima de desconfianza. Según un estudio de opinión pública elaborado por Ipsos Perú (2024), el 84 % de los peruanos considera que la política del país se encuentra penetrada o influenciada por el crimen organizado y el narcotráfico. Esta percepción evidencia cómo el avance del dinero opaco no solo distorsiona la equidad en la contienda electoral, sino que erosiona directamente la legitimidad de las instituciones democráticas ante la población.
La cuestión no es eliminar el financiamiento, sino impedir que se convierta en una puerta de entrada para intereses ilegales. Una elección puede realizarse con normalidad y, aun así, dejar preguntas sobre la independencia de quienes resultan elegidos. Proteger el voto implica también vigilar los recursos que compiten por influir en él. Si no sabemos quién financia una campaña ni qué intereses podrían beneficiarse, la transparencia deja de ser un trámite administrativo y se convierte en una condición para que la representación política responda a la ciudadanía.
Bibliografía:
Ipsos Perú. (2024, mayo). Encuesta nacional urbana: Percepción del crimen organizado y la política en el Perú.
https://www.ipsos.com/es-pe/opinion-data-mayo-2024
Mujica, J.; Zevallos Trigoso, N.; Campos-Vásquez, C. (2026). Amenazas del crimen organizado a los procesos electorales (y representación política de las economías ilegales en Perú). Instituto de Criminología (ICEV); UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). ISBN: 978-612-99499-0-1. https://criminologia.pe/amenazas-del-crimen-organizado-a-los-procesos-electorales-y-representacion-politica-de-las-economias-ilegales-en-peru/
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2023). Evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTUDIO-ANALISIS-RIESGO/ENR%20LA%202025%20versi%C3%B3n%20detallada.pdf
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