Elaborado por Jhiampier Felix, integrante del Taller de Criminología.
La relación entre el crimen organizado y la política suele analizarse desde la violencia contra candidatos, las amenazas durante las campañas o la interrupción de las jornadas electorales. Sin embargo, estas manifestaciones no agotan el problema. En el Perú, una amenaza menos visible consiste en la posibilidad de que los intereses vinculados a las economías ilegales encuentren representación política y obtengan capacidad de influir en las decisiones del Estado.
Mujica, Zevallos Trigoso y Campos-Vásquez (2026) advierten que las amenazas electorales no deben entenderse únicamente desde la violencia directa, sino también desde la proyección política de las economías ilegales. A partir de esta perspectiva, resulta necesario examinar qué sucede después de las elecciones: ¿de qué manera los intereses económicos ilícitos pueden intentar influir en las decisiones de las autoridades electas?
Las economías ilegales no solo generan recursos mediante actividades ilícitas; también pueden desarrollar intereses relacionados con las decisiones públicas que afectan su funcionamiento. La minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando requieren desenvolverse en territorios donde la fiscalización estatal, las regulaciones y las decisiones administrativas pueden afectar sus operaciones.
El Instituto de Criminología (2025), en su análisis exploratorio sobre economías ilegales y elecciones, muestra la magnitud económica y territorial de estas actividades, así como su potencial para generar vulnerabilidades en los procesos electorales. La dimensión del problema radica en que los recursos movilizados por estos mercados pueden superar ampliamente las necesidades financieras de las campañas políticas. No obstante, esta capacidad económica no demuestra, por sí misma, que exista financiamiento ilícito efectivo en una candidatura determinada.
El problema adquiere una dimensión política cuando se considera que los intereses económicos pueden buscar algo más que acceso a una campaña: pueden intentar influir en las decisiones posteriores de quienes ejercen el poder. Zevallos Trigoso (2026), al analizar el impacto político de las economías ilegales, advierte sobre su capacidad para incidir en la representación política y en la formulación de políticas públicas. El caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) permite ilustrar cómo las decisiones relacionadas con actividades económicas controvertidas pueden generar incentivos y presiones políticas.
Esto obliga a distinguir dos fenómenos. El primero es el financiamiento electoral irregular o ilícito, que requiere evidencia sobre el origen y la circulación de los recursos. El segundo es la influencia política sobre las decisiones públicas, que puede manifestarse mediante presiones económicas, movilización de intereses o vínculos entre actores políticos y sectores productivos. Ambos fenómenos pueden relacionarse, pero no son equivalentes ni deben presumirse automáticamente.
Una dificultad central consiste en identificar cuándo una decisión pública responde a criterios legítimos de política económica y cuándo podría estar condicionada por intereses ilícitos. Una norma favorable a determinado sector, una modificación regulatoria o una decisión de fiscalización insuficiente no constituyen, por sí solas, pruebas de captura institucional. Para sostener esa conclusión es necesario examinar los actores involucrados, sus vínculos, los beneficios obtenidos y la evidencia disponible.
Por ello, el análisis criminológico debería considerar otros elementos más allá del ámbito electoral. Además de estudiar los reportes de financiamiento y los antecedentes de las candidaturas, resulta pertinente observar las decisiones adoptadas durante la gestión pública, especialmente en sectores y territorios donde existe una presencia importante de economías ilegales. La comparación entre compromisos electorales, decisiones gubernamentales y posibles beneficiarios permitiría identificar patrones que merezcan una investigación más profunda, sin confundir correlaciones con causalidad.
Este enfoque también plantea un desafío institucional. La fiscalización electoral, la investigación criminal y la inteligencia financiera cumplen funciones diferentes, por lo que la detección de posibles vínculos ilícitos requiere coordinación y mecanismos de intercambio de información dentro de sus competencias legales. El objetivo no debería ser criminalizar actividades económicas o decisiones políticas por su sola apariencia, sino identificar y acreditar posibles mecanismos de influencia ilegal.
La amenaza de las economías ilegales para la democracia peruana no termina cuando se cuentan los votos. También importa determinar si los intereses que buscan influir en las elecciones pueden trasladar esa influencia al ejercicio del poder y a las decisiones públicas. El financiamiento electoral constituye una dimensión relevante, pero el problema exige observar la relación entre recursos, representación política y gestión estatal.
En consecuencia, una agenda de investigación orientada a seguir el vínculo entre los intereses económicos, las campañas y las decisiones posteriores de las autoridades permitiría profundizar el análisis de las amenazas electorales. La cuestión no es presumir que toda decisión favorable a un sector responde a intereses criminales, sino desarrollar herramientas que permitan distinguir la representación legítima de intereses económicos de la posible instrumentalización del Estado para proteger actividades ilícitas.
Bibliografía:
Instituto de Criminología. (2025). Economías ilegales y elecciones: Economías ilegales como amenaza para la democracia (Serie Tendencias y Alertas, N.º 4). https://criminologia.pe/wp-content/uploads/2025/06/tendencias-y-alertas-4-estimaciones-economias-ilegales.pdf
Mujica, J., Zevallos Trigoso, N., & Campos-Vásquez, C. (2026). Amenazas del crimen organizado a los procesos electorales (y representación política de las economías ilegales en Perú). Instituto de Criminología. https://criminologia.pe/amenazas-del-crimen-organizado-a-los-procesos-electorales-y-representacion-politica-de-las-economias-ilegales-en-peru/
Zevallos Trigoso, N. (2026). El impacto político de las economías ilegales. CriminologiaPe. https://criminologia.pe/el-impacto-politico-de-las-economias-ilegales/
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