Más de novecientos guardaparques cuidan las áreas naturales protegidas del Perú. Ninguno cuenta con seguro de vida, a pesar de que el reglamento de la Ley del cuerpo de guardaparques que debería garantizarlo sigue sin publicarse. Entre 2020 y 2024, al menos tres defensores ambientales fueron asesinados —los guardaparques Lorenzo Wampagkit Yamil y Victorio Dariquebe Gerawairey, y el exguardaparque y líder indígena Quinto Inuma Alvarado— por enfrentar a mineros ilegales, madereros y organizaciones criminales que hoy operan con dragas, retroexcavadoras y comunicación coordinada por WhatsApp dentro de reservas como Tambopata. En ese escenario, el noveno eje del bloque de seguridad propone dotar a los guardaparques de equipo de protección no letal: escudos, aerosol de pimienta, chalecos antibalas, dispositivos de inmovilización y botones de pánico satelital.
Es una medida bienvenida y, a la vez, insuficiente frente al tamaño de la amenaza que describe. En Tambopata, treinta y cuatro guardaparques monitorean una extensión que los propios reportes periodísticos describen como tomada por balsas-draga armadas, con mensajes de grupos criminales anunciando por chat cuándo van a ingresar y con qué armamento. Un chaleco antibalas y gas pimienta protegen a una persona de una agresión puntual; no cambian la ecuación quien enfrenta una organización con capacidad de fuego, presencia sostenida y control territorial de facto sobre la zona de amortiguamiento. Equipar mejor a un guardaparque para resistir una amenaza que excede por completo su capacidad de respuesta individual no resuelve el problema de fondo: la protección de áreas naturales bajo control criminal no es una tarea que deba recaer sobre personal desarmado, por bien equipado que esté.
El segundo vacío es institucional, no técnico. El propio sindicato de trabajadores del Sernanp ha señalado, tras cada asesinato, que la demanda central no es el equipo de campo sino la publicación del reglamento que garantice derechos básicos —seguro de vida y de salud— que hoy no existen pese a que la ley que los reconoce ya fue aprobada. Dotar de chalecos y aerosoles a un cuerpo de trabajadores sin cobertura de seguro de vida es proteger el cuerpo mientras se deja desprotegida a la familia que depende de él si el equipo no basta. Una reforma que se queda en el equipamiento y no cierra ese vacío regulatorio resuelve la parte más visible del problema y deja intacta la que más ha reclamado el propio gremio afectado.
El tercer punto crítico es de escala y coordinación. La amenaza que describe la evidencia reciente —organizaciones de minería ilegal con capacidad armada operando dentro de áreas protegidas— no se enfrenta con equipamiento individual, sino con presencia coordinada entre Sernanp, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía y, cuando la situación lo amerita, las Fuerzas Armadas, como ya ha ocurrido en operativos puntuales dentro de Tambopata. Sin un protocolo que active esa coordinación de forma predecible —y no solo cuando un asesinato genera atención mediática—, el guardaparque mejor equipado sigue estando, en la práctica, solo frente a una amenaza que el equipo individual no fue diseñado para enfrentar.
Para que esta medida proteja realmente vidas, necesita venir acompañada de la publicación inmediata del reglamento de seguros que la ley ya exige, de una ampliación real de la dotación de personal en las zonas de mayor presión criminal —hoy muy por debajo de lo que la extensión del territorio protegido demanda—, y de un protocolo de activación conjunta con la Policía y las Fuerzas Armadas que no dependa de que ocurra una tragedia para movilizarse.
Descubre más desde CriminologiaPe
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.