Elaborado por Cristina Arteaga, integrante del Taller de Criminología.
Cuando se piensa en crimen organizado y elecciones, la imagen habitual es la de candidatos amenazados o baleados. La campaña regional y municipal de 2026 parece darle la razón: antes de la votación, el Observatorio del Crimen del Ministerio Público contabilizó 38 amenazas, 11 ataques directos y dos asesinatos vinculados al proceso (Tasayco, 2026). Sin embargo, el estudio del Instituto de Criminología sostiene que esa violencia, aunque se extiende, no es la amenaza determinante: el mayor riesgo está en el dinero de las economías ilegales que financia campañas y en los candidatos que representan esos intereses (Mujica et al., 2026). La pregunta es si el mapa de la violencia y el del riesgo electoral son el mismo, y la respuesta es que no lo son del todo.
Los homicidios no bastan para saber dónde está en juego una elección, porque el riesgo electoral no mide cuánta violencia hay, sino cuánto puede interferir el crimen organizado. Loreto registra 7,5 denuncias por homicidio por cada 100 000 habitantes y un riesgo de 4 sobre 5, mientras que Amazonas, con 17,7, queda en 3. Huancavelica y Puno tienen tasas casi idénticas (14,7 y 14,8), pero su riesgo es de 2 y 4 (Mujica et al., 2026, Tablas 4 y 8). Hay coincidencias —Madre de Dios, con 26,6, alcanza un 5—, pero no una regla.
Hay razones teóricas para ello. Luna y Feldmann (2025) advierten que las tasas de homicidio son un indicador ambiguo de la influencia criminal, y Snyder y Durán-Martínez (2009) sostienen, para México y Colombia, que la ilegalidad no genera necesariamente violencia: donde hay redes de protección con apoyo estatal, los mercados ilícitos pueden ser pacíficos. Ambos coinciden en que el poder criminal puede existir sin violencia visible. Trasladado al Perú, y como lectura propia, quien vive de la minería ilegal o del contrabando no necesita disparar si puede financiar a quien defienda su actividad. Así, mientras en México los cárteles asesinaron alcaldes y candidatos para infiltrar gobiernos locales (Trejo & Ley, 2020), en las regiones peruanas esa violencia aparece de forma ocasional y sin sistematicidad (Mujica et al., 2026).
Con todo, la violencia de esta campaña sí coincide en parte con las regiones de mayor riesgo. Hasta el 25 de septiembre, el JNE reportó 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques, concentrados en Lima (21) y La Libertad (16) (Agencia Andina, 2026), dos regiones de riesgo alto en la valoración del estudio (La Libertad, 5; Lima Metropolitana y Lima Región, 4). Madre de Dios y Loreto, también de riesgo alto, no figuran en el desglose publicado. Una lectura posible es que conviven dos fenómenos que a veces coinciden: una violencia visible, ligada a la extorsión, y un financiamiento ilegal que se extiende por territorios con pocos incidentes. Que la violencia pueda hacerse más visible donde hay economías ilegales era, de hecho, una advertencia.
¿Dónde amenaza más, entonces? Según el estudio, en cuatro ejes de alta probabilidad de financiamiento ilegal (la costa norte, los Andes sur, la franja amazónica y el eje Lima-Callao), definidos por los eslabones de las cadenas ilegales y no por los homicidios (Mujica et al., 2026). Proteger las elecciones solo con el mapa de la violencia sería cuidar a quienes ya están a la vista y descuidar el dinero que financia a quienes compiten. La respuesta exige proteger a los candidatos amenazados y fiscalizar el financiamiento de las candidaturas que nadie amenaza, bajando a la escala provincial y distrital, donde el análisis regional deja de ser suficiente. El reto es no confundir una campaña tranquila con una campaña limpia.
Bibliografía
Agencia Andina. (2026). ERM 2026: JNE reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques a candidatos. https://andina.pe/agencia/noticia-erm-2026-jne-reporta-83-casos-amenazas-extorsiones-y-ataques-a-candidatos-1093505.aspx
Luna, J. P., & Feldmann, A. E. (2025). Criminalidad y democracia en América Latina. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. https://doi.org/10.31752/idea.2025.89
Mujica, J., Zevallos Trigoso, N., & Campos-Vásquez, C. (2026). Amenazas del crimen organizado a los procesos electorales (y representación política de las economías ilegales en Perú). Instituto de Criminología (ICEV); UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). https://criminologia.pe/amenazas-del-crimen-organizado-a-los-procesos-electorales-y-representacion-politica-de-las-economias-ilegales-en-peru/
Snyder, R., & Durán-Martínez, A. (2009). Drugs, violence, and state-sponsored protection rackets in Mexico and Colombia. Colombia Internacional, 70, 61-91. https://journals.openedition.org/colombiaint/17360
Tasayco, L. (2026). La violencia contra candidatos marca las elecciones municipales y regionales en Perú: se votará bajo vigilancia de la Fiscalía. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2026/10/02/la-violencia-contra-candidatos-marca-las-elecciones-municipales-y-regionales-en-peru-se-votara-bajo-vigilancia-de-la-fiscalia/
Trejo, G., & Ley, S. (2020). Votos, drogas y violencia: la lógica política de las guerras criminales en México. Cambridge University Press.
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