Un plan de tratamiento individual en un sistema que ya no clasifica

En mayo de 2026, La República reportó que seis de cada diez internos en los centros juveniles del Perú son ya mayores de edad, y que el 60% de las sedes está sobrepoblado. Un mes después, la misma fuente registró que más de diez mil adolescentes infringieron la ley en apenas cinco meses. Es en ese contexto —no en un sistema con capacidad ociosa esperando un mejor diseño de programas— donde el proyecto de delegación de facultades propone mejorar el Plan de Tratamiento Individual de cada adolescente y fortalecer los programas sociolaborales que preparan su egreso. La intención es correcta. El diagnóstico sobre el que se monta, no tanto.

Un plan de tratamiento individualizado presupone que cada adolescente tiene un espacio, un seguimiento y una separación de perfiles de riesgo que permitan que ese plan se ejecute como está diseñado. En un centro sobrepoblado y con más de la mitad de su población compuesta por mayores de edad que legalmente deberían estar en el sistema penitenciario adulto, esa premisa colapsa antes de empezar. Las propias autoridades del sistema judicial juvenil han usado el término «contagio criminógeno» para describir lo que ocurre cuando adolescentes con perfiles de riesgo bajo comparten espacio, tiempo y códigos con jóvenes de 25 o 27 años que llevan años en el circuito delictivo. Un plan individualizado no revierte ese contagio si la arquitectura física y poblacional del centro sigue produciéndolo todos los días.

El propio Pronacej ha reconocido el límite estructural de este enfoque. En agosto de 2026 admitió que la falta de personal —cinco educadores para 180 internos en algunos centros, muy por debajo del estándar de un profesional por cada 50 adolescentes— hace que, en palabras de la propia entidad, «muchos salen igual a como entraron». No es una casualidad: agregar componentes de tratamiento dentro de centros ya desbordados enfrenta un techo estructural que ningún rediseño de programa resuelve por sí solo.

Fortalecer los programas sociolaborales —becas, cursos, empleo autorizado judicialmente— es la parte de la propuesta con mejor evidencia de respaldo, porque ataca directamente los factores de riesgo que el propio censo de centros juveniles identifica como los más recurrentes: deserción escolar, consumo de drogas y entornos familiares o sociales vinculados al delito. Pero esos programas dependen de alianzas con empresas y centros de estudio que hoy alcanzan a una fracción de la población, precisamente porque la sobrepoblación limita cuántos adolescentes pueden participar con la continuidad que un programa formativo real exige.

Para que esta reforma efectivamente reduzca la reincidencia y no solo mejore el papeleo de cada expediente, se necesita resolver primero la sobrepoblación y la permanencia de mayores de edad en el sistema juvenil —dos condiciones que el propio Poder Judicial ya reclama por separado—, y solo entonces escalar los programas sociolaborales con la cobertura y continuidad que su evidencia de efectividad requiere para funcionar como algo más que un piloto.