La Sucamec anunció en mayo de 2026 que había logrado recuperar la trazabilidad de 4,285 armas de fuego de uso civil a nivel nacional, de las cuales 1,185 completaron su regularización. Es un avance real, celebrado por la propia entidad como evidencia de que la campaña «Registra el arma, ponte legal» funciona. Pero esa cifra, leída junto al objetivo del tercer eje del bloque de seguridad —construir trazabilidad integral del arma desde su fabricación o importación hasta su destino final—, revela el tamaño real del problema: si en más de un año de campaña activa el Estado ha logrado regularizar poco más de mil armas, ¿cuántas decenas o cientos de miles permanecen fuera de cualquier registro confiable?
La norma propone herramientas correctas sobre el papel: controles basados en riesgo, validación digital de licencias, nuevos delitos para quien falsea un reporte de pérdida o presta su licencia a otra persona. El problema no es el diseño normativo, sino la base sobre la que se construye. Trazabilidad «integral» presupone un registro base ya completo y confiable; lo que hoy existe es un registro parcial que se actualiza a un ritmo de miles de armas por año, mientras el universo de armas irregulares —adquiridas legalmente pero nunca actualizadas, heredadas sin trámite, o de origen directamente ilegal— se cuenta, según denuncias de especialistas en seguridad, en un orden de magnitud muy superior. Legislar sobre trazabilidad integral sin resolver antes ese déficit de información de base es como prometer un mapa de tránsito perfecto sobre calles que todavía no han sido numeradas.
La digitalización de licencias, otro componente de este eje, enfrenta un desafío similar. El sistema de licencias y tarjetas de propiedad electrónicas para armas de fuego lleva años en implementación progresiva, y para 2026 la cobertura sigue siendo desigual entre regiones y tipos de licencia. Una candidata al Congreso lo resumió sin rodeos en marzo de este año: no existe hoy una trazabilidad confiable de las municiones adquiridas ni un seguimiento adecuado que impida que terminen en manos de organizaciones criminales. Ese diagnóstico, viniendo de fuera del Ejecutivo, confirma que el problema no es la falta de voluntad normativa sino la brecha entre lo que la ley exige y lo que el sistema administrativo puede efectivamente verificar.
Hay, además, una tensión de diseño que la norma no resuelve: la Ley 31324 elimina los incentivos económicos para la entrega voluntaria de armas, apostando a la persuasión moral y al riesgo penal como únicos incentivos. Es una apuesta razonable en principio —pagar por armas entregadas puede generar mercados perversos—, pero sin datos sobre qué llevó a las 4,285 personas que sí se acogieron a la campaña reciente a regularizar su situación, es difícil calibrar si eliminar el incentivo económico acelera o frena la entrega masiva que el sistema necesita para cerrar la brecha de información.
Para que la trazabilidad integral sea más que una aspiración, el decreto legislativo necesita una meta de cobertura de registro verificable en el tiempo —no solo un mandato de «trazabilidad»—, presupuesto específico para escalar la capacidad de verificación de la Sucamec más allá de campañas puntuales, y un mecanismo de auditoría independiente que permita saber, año a año, qué porcentaje del parque de armas de uso civil está efectivamente trazado y no solo declarado como objetivo de política.
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