Extorsión: el desafío del subregistro

Escrito por Paolo Lozano, integrante del Taller de Criminología.

La extorsión es un fenómeno de coerción criminal; es decir, un acto mediante el cual un actor delictivo utiliza la intimidación y el miedo para obtener ventajas y recursos, generalmente de carácter económico. Su vínculo con el crimen organizado es bastante estrecho, pues las organizaciones criminales encuentran en la extorsión no solo una fuente muy rentable de financiamiento que les permite continuar operando, sino que también representa un mecanismo para controlar territorios (Mujica et al., 2026).

Sin embargo, su impacto va más allá de la violencia y de la rentabilidad que genera para estas organizaciones, pues también afecta las actividades económicas, limita las oportunidades de desarrollo y amenaza las condiciones de seguridad de las comunidades. Por ello, resulta necesario dimensionar la magnitud del fenómeno y observar su evolución a partir de las cifras disponibles.

Según datos del INEI, desde el primer semestre del 2021 “las denuncias por extorsión presentan una tendencia creciente y sostenida”. Aunque se experimentó una ligera disminución en 2024, en general la tendencia se ha mantenido al alza. En esa línea, un reporte del SIDPOL muestra que en 2025 se registraron 26 585 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento del 19 % de denuncias por este delito respecto de 2024.

Fuente: SIDPOL. Elaboración ComexPerú

Si bien los registros oficiales evidencian un problema creciente, aún existe una parte de este delito que no está siendo medido o registrado. Quiero decir que, debido al subregistro, todavía no estaríamos viendo la verdadera magnitud de la extorsión en el Perú.

Por ello, debemos comprender que hay una diferencia entre los casos que ocurren y los que efectivamente llegan a ser registrados. El subregistro está en los casos que ocurren, pero no llegan a registrarse porque no existió una denuncia de por medio. Como señala un reciente estudio del Instituto de Criminología (2026), la extorsión es, por sus propias características, un delito con un alto nivel de subregistro, por lo que las cifras oficiales deben interpretarse como una aproximación y no como una estimación exacta.

Lea también: Digitalización financiera: riesgos y desafíos frente a la extorsión

Estas son las tres principales causas que, según un informe de INEI (2026), desincentivan la denuncia y contribuyen al subregistro por delito de extorsión:

1. Pérdida de tiempo: El 35,4 % de víctimas señala que la principal razón para no denunciar es considerar que hacerlo supone una pérdida de tiempo, pues implica trámites, diligencias y otras formalidades que pueden interferir con sus actividades laborales y personales. Esta percepción puede hacer que las víctimas opten por no iniciar el proceso de denuncia, especialmente cuando consideran que el tiempo que deberán invertir no se traducirá en una respuesta efectiva frente al problema.

2. Desconfianza en la PNP: La falta de confianza en instituciones clave como la PNP también es otro factor determinante que desincentiva la denuncia. El 24,4 % de las víctimas señala que no denuncia porque desconfía de la Policía. Al respecto, muchas víctimas pueden considerar que acudir a las autoridades no necesariamente resolverá su situación o garantizará su protección.

3. Miedo a represalias: El 17,5 % de las víctimas señala que no denuncia por temor a represalias. El miedo a que los extorsionadores lleven a cabo sus amenazas y atenten contra ellos o sus familiares puede convertirse en una barrera para acudir a las autoridades y registrar una denuncia.

Principalmente son estas las razones muestran que el problema no es únicamente la ocurrencia de la extorsión, sino también la dificultad del Estado para conocer su verdadera magnitud. Si una parte importante de los casos no llega a registrarse, las políticas públicas parten de una imagen parcial del fenómeno. Entonces, ¿cómo puede el Estado facilitar la denuncia y reducir el subregistro?

Para reducir el subregistro es imprescindible crear las condiciones de confianza para que se puedan reportar estos hechos de manera segura y a tiempo. Para ello, es importante fortalecer la comunicación entre comerciantes, vecinos y autoridades, de modo que la información pueda llegar rápidamente a quienes deben intervenir. Estos mecanismos también permitirían identificar y conocer mejor dónde se concentra la extorsión y cómo se está desarrollando en cada territorio.

Pero recoger más información no es suficiente si las instituciones no la comparten ni la utilizan para tomar decisiones. La Policía, las municipalidades y otras entidades deben coordinar sus esfuerzos, conectar la información que ya tienen disponible y utilizarla para identificar patrones y priorizar las zonas que presentan mayores riesgos. Esto permitiría pasar de una respuesta centrada únicamente en los casos que llegan a ser denunciados a una estrategia más preventiva y focalizada. El desafío, entonces, no es solo conocer cuántos casos se denuncian, sino lograr que el Estado tenga una certeza de la verdadera dimensión del problema al cual se enfrente y pueda actuar de manera más efectiva.

Bibliografía:

ComexPerú. (2026, 6 de febrero). Inseguridad en cifras: ¿qué muestran las denuncias? https://www.comexperu.org.pe/articulo/inseguridad-en-cifras-que-muestran-las-denuncias

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia: Primer semestre 2025 (Informe técnico N.º 02). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9234279/7577783-estadisticas-de-la-criminalidad-seguridad-ciudadana-y-violencia-i-semestre-2025.pdf?v=1767230608

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). Victimización en el Perú 2025. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9703029/7938429-victimizacion-en-el-peru-2025.pdf?v=1774637747

Ministerio del Interior. (2025). Denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) 2025. Dirección General de Información para la Seguridad, Viceministerio de Seguridad Pública. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9290186/7620309-reporte-de-denuncias-registradas-en-el-sidpol-a-diciembre-2025.pdf?v=1768424870

Mujica, J.; Zevallos Trigoso, N. Campos-Vásquez, C. (2026). Extorsión en áreas comerciales urbanas. Una estrategia de intervención. Lima, Centro de Altos Estudios Nacionales, Instituto de Criminología.