Elaborado por Jazmin Aguilar, pasante en el Instituto de Criminología.
El crimen organizado no solo necesita generar recursos ilícitos. Para sostener sus operaciones también busca incorporarlos a la economía formal. En ese proceso, las instituciones pueden convertirse en un objetivo cuando existen vulnerabilidades que facilitan el movimiento de dinero de origen ilícito o reducen los controles.
La Operación Tokio, desarrollada en Chile, ilustra esta dinámica. El operativo desarticuló una red vinculada al Tren de Aragua, investigada por el presunto lavado de alrededor de US$85 millones mediante empresas, cuentas bancarias y otros mecanismos financieros. Entre los detenidos figuró un ejecutivo de una sucursal del Banco Santander, investigado por presuntamente facilitar estas operaciones. Más allá de las responsabilidades individuales que determine la justicia, el caso permite observar cómo las organizaciones criminales pueden buscar aprovechar personas con acceso a instituciones estratégicas.
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Este tipo de casos evidencia que el lavado de activos no consiste únicamente en ocultar el origen del dinero ilícito. También implica introducir esos recursos en la economía formal mediante mecanismos que reduzcan el riesgo de ser detectados. Para ello, las organizaciones criminales pueden utilizar empresas, operaciones financieras y, en algunos casos, captar o corromper personas con acceso a procesos clave.
Comprender estas dinámicas es importante porque el impacto del crimen organizado trasciende la comisión de delitos específicos. Cuando una organización logra infiltrarse en instituciones o aprovechar sus vulnerabilidades, también pone a prueba la capacidad de los sistemas de control y supervisión. Por ello, fortalecer la integridad institucional y mejorar los mecanismos de prevención constituye un componente relevante dentro de una estrategia más amplia frente al crimen organizado.
La Operación Tokio recuerda que enfrentar estas amenazas no depende únicamente de las intervenciones policiales. También requiere instituciones sólidas, mecanismos de control eficaces y una comprensión cada vez mayor de las estrategias que emplean las organizaciones criminales para ocultar e integrar recursos ilícitos en la economía formal.
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