Elaborado por Paolo Lozano, estudiante de Ciencia Política en la UNMSM y pasante en el Instituto de Criminología.
La minería 1l3g4l se ha convertido en un fenómeno transnacional y en una de las economías 1líc1tas más rentables de la región. Este fenómeno no solo desborda el principio de legalidad: constituye un problema de impacto político, económico y socioambiental. Por ello, frenar la expansión de las economías 1l3g4l3s vinculadas al cr1m3n organizado debe ser una prioridad de Estado.
En el Perú, aunque el presupuesto destinado, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2026), a la “reducción de la minería 1l3g4l” aumentó de S/ 70 millones en 2025 a S/ 177 millones en 2026, este esfuerzo resulta insuficiente cuando la magnitud económica de la minería 1l3g4l supera exponencialmente los recursos destinados a combatirla.
Así pues, según estimaciones presentadas por Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, la minería 1l3g4l movilizó alrededor de US$ 12 000 millones en 2025, una cifra que evidencia la enorme capacidad económica alcanzada por esta actividad (citado en Silva, 2026). Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que esta actividad concentró el 55 % del dinero vinculado al l4v4d0 de activos detectado entre 2015 y 2025 (Alza, 2026).
Esta capacidad económica permite que las organizaciones cr1m1nales expandan actividades d3l1ct1vas y fortalezcan sus redes de influencia. Según un reporte del Instituto de Criminología (2026), la minería 1l3g4l ya no solo intenta infiltrarse en la política, sino que impulsa candidatos que puedan defender por la vía formal sus intereses. Este riesgo es alto en regiones como Madre de Dios y La Libertad.
Debemos comprender que las economías 1l3g4l3s y, en particular, la minería 1l3g4l no pueden entenderse como fenómenos aislados, sino como parte de sistemas económicos cr1m1nales que operan con mayor facilidad en aquellos territorios donde la presencia del Estado es reducida. La Amazonía peruana, por ejemplo, es un espacio propicio donde confluyen diversas actividades d3l1ct1vas en un contexto caracterizado por persistentes carencias en infraestructura y servicios básicos. De acuerdo con el biólogo Sidney Novoa, en 2026 ya se han registrado evidencias de minería 1l3g4l en 11 de las 12 regiones amazónicas del Perú, lo que revela el creciente alcance territorial que ha adquirido esta actividad (citado en Delfino, 2026).
Los efectos de la minería ilegal no se limitan al ámbito económico y político. Socialmente, estas economías se sostienen, casi como una condición necesaria, sobre la transgresión de derechos fundamentales y la explotación de poblaciones vulnerables. Esta lógica no es exclusiva de la minería 1l3g4l, sino que también se replica en otras economías 1l3g4l3s, como la tala y el n4rc0tr4f1c0. En el plano ambiental, destruye ecosistemas, contamina ríos con sustancias tóxicas e incluso invade reservas nacionales y áreas protegidas (Pacsi et al., 2026).
Frente a este escenario, la respuesta estatal requiere una estrategia integral y coordinada. Uno de los principales desafíos radica en la limitada interoperabilidad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin una articulación entre las labores de inteligencia, investigación y la administración de justicia, los esfuerzos pierden eficacia. No obstante, el problema no puede abordarse únicamente desde un enfoque centrado en la sanción o castigo. Si bien la aplicación de la ley es indispensable, también es necesario fijarse en otros factores.
Por ello, como parte de un plan preventivo, las estrategias de control deben complementarse con una mayor presencia estatal, provisión de servicios públicos, inversión y oportunidades económicas para las poblaciones más vulnerables.
Asimismo, resulta importante fortalecer las capacidades de la UIF para rastrear redes de l4v4d0 de activos vinculadas a los mercados no legales, así como reforzar las funciones fiscalizadoras y sancionadoras del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Una respuesta coordinada que combine control territorial, inteligencia financiera, investigación cr1m1nal y enfoque preventivo hará posible reducir el poder económico y político de las economías 1l3g4l3s.
Fuentes
Alza, R. (20 de febrero de 2026). Perú: Minería ilegal concentra 55% del lavado de activos en la última década. Rumbo Minero. https://www.rumbominero.com/peru/noticias/economia/mineria-ilegal-concentra-55-del-lavado-de-activos-en-la-ultima-decada/
Delfino, E. (26 de mayo de 2026). Perú: “Tenemos evidencia de minería ilegal en 11 regiones amazónicas, prácticamente la totalidad del bioma” | ENTREVISTA. Mongabay. https://es.mongabay.com/2026/05/peru-evidencia-mineria-ilegal-11-regiones-amazonicas-entrevista/
Instituto de Criminología (2026). [Tendencias y Alertas No 7] Amenazas del crimen organizado en los procesos electorales y representación política de las economías ilegales en Perú. https://criminologia.pe/tendencias-y-alertas-no-7-amenazas-del-crimen-organizado-en-los-procesos-electorales-y-representacion-politica-de-las-economias-ilegales-en-peru/
Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Consulta Amigable: Seguimiento de la ejecución presupuestal. Recuperado el 8 de junio de 2026. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Pacsi R, Novoa S, La Torre S, Balbuena H, Finer M, Santana A, Castillo H. (2026). Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur). MAAP. https://www.maapprogram.org/es/peru-mining-tambopata/
Silva, C. (6 de mayo de 2026). Minería ilegal movilizó alrededor de US$12.000 millones en el 2025, 10 veces más que el tráfico ilícito de drogas. El Comercio. https://elcomercio.pe/economia/mineria-ilegal-movilizo-alrededor-de-us12000-millones-en-el-2025-10-veces-mas-que-el-trafico-ilitico-de-drogas-noticia/
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