Entrega 1: La inseguridad también es un problema de gestión
Elaborado por Alonso Flores Macher, investigador del Instituto de Criminología.
La Policía sabe cuáles son sus brechas
Cuando se habla de inseguridad ciudadana, el debate suele girar alrededor de más policías, más presupuesto, más leyes o más estados de emergencia. Sin embargo, persiste un problema menos visible: la limitada capacidad del Estado para transformar recursos en capacidades operativas.
Pocas instituciones del Estado han analizado con tanta profundidad sus necesidades futuras como la Policía Nacional. En 2021 se aprobó el Plan Estratégico de Capacidades al 2030 «Mariano Santos Mateos» (MS30), un esfuerzo técnico que identificó las principales brechas institucionales y definió una hoja de ruta para modernizar la institución. El plan reconoce desafíos en infraestructura, equipamiento, movilidad, tecnologías de información, comunicaciones, recursos humanos y fortalecimiento institucional.
Brechas que siguen afectando la capacidad operativa
En la práctica, estas carencias identificadas limitan la presencia policial en las calles y reducen la capacidad de respuesta frente a la delincuencia. Según información del Ministerio del Interior, el país cuenta con apenas un vehículo policial por cada 9,529 habitantes. Asimismo, en 2023, el 76% de las comisarías carecía de radios portátiles, el 87% no contaba con radios móviles y el 80% no disponía de radios fijas (MININTER, 2024).
El presupuesto ha crecido, pero las brechas persisten
Lo más preocupante es que estas carencias persisten pese a que el problema no parece ser principalmente presupuestal. Entre 2021 y 2026, el presupuesto inicial del Ministerio del Interior aumentó aproximadamente 25%, pasando de S/10,7 mil millones a S/13,3 mil millones. Sin embargo, entre 2021 y 2025 el Ministerio dejó de ejecutar en promedio alrededor de S/310 millones por año, mientras que solo en 2025 devolvió aproximadamente S/736 millones al Tesoro Público.
El verdadero cuello de botella: la capacidad de gestión
Las brechas operativas no son un problema de diagnóstico o de diseño, sino de implementación. En la capacidad para formular proyectos, ejecutar inversiones, realizar adquisiciones complejas y gestionar procesos de modernización institucional.
El Estado sabe qué necesita hacer, es un tema de “delivery”. La paradoja es aún más preocupante si se considera la evolución de la amenaza criminal. Las organizaciones criminales se adaptan rápidamente, incorporan tecnología, diversifican sus fuentes de financiamiento y desarrollan nuevas formas de operación. Mientras tanto, el Estado continúa enfrentando retrasos para construir una comisaría, implementar un sistema de información, adquirir equipamiento especializado o construir una Escuela de Formación.
Más allá del presupuesto
Por ello, la discusión sobre seguridad debería incorporar una pregunta adicional. No solo cuánto presupuesto necesita la Policía, sino si el Estado cuenta con las capacidades de gestión necesarias para ejecutar las soluciones que ya sabe que necesita.
Después de años de diagnósticos, planes estratégicos y reformas, el principal desafío podría no ser identificar las brechas. El verdadero desafío es cerrarlas. Y para cerrar brechas no basta con más presupuesto. También se necesitan mejores capacidades de gestión.
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