Los 12 temas de Seguridad ciudadana en los que el Ejecutivo pide facultades para legislar

El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley para que le delegue, por 120 días, la facultad de legislar en varias materias. Una de ellas —la más extensa— es seguridad ciudadana. Aquí van, explicados en lenguaje simple, los doce cambios que se plantean en ese bloque.

1. Control migratorio. Busca que el Estado tenga más capacidad para saber quién entra al país, verificar su identidad y actuar más rápido cuando alguien no cumple las reglas migratorias. Se amplía el tiempo que la autoridad puede retener administrativamente a una persona en situación irregular (de 24 a 48 horas) y se permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en tareas de identificación y en la expulsión de extranjeros. También se crea un sistema para cruzar información entre entidades y detectar riesgos a tiempo, y se hacen más estrictos los controles para obtener la nacionalidad peruana, para evitar fraudes.
2. Rastreo y bloqueo de celulares usados para delinquir. Permite a la Policía ubicar con mayor facilidad los celulares u otros dispositivos que se usan para cometer delitos —como extorsiones—, incluyendo los que se manejan por redes sociales o aplicaciones, no solo por llamadas. Se aclara que esto no da acceso al contenido de los mensajes, solo a datos técnicos de ubicación. Además, obliga a las empresas de telefonía a bloquear más rápido los celulares robados o falsificados, y a cortar las comunicaciones ilegales que salen desde las cárceles.
3. Armas, municiones y explosivos. Endurece el control sobre quién compra, tiene y usa armas legalmente, para que sea más difícil que terminen en manos de delincuentes. Se crean nuevos delitos: por ejemplo, mentir diciendo que «perdiste» tu arma para en realidad venderla ilegalmente, o usar la licencia de otra persona para comprar armas. También se simplifica el proceso judicial para sentenciar más rápido a quien es sorprendido portando un arma de forma ilegal.
4. Reforma de las cárceles. Busca ordenar el sistema penitenciario, hoy sobrepoblado en más del 150% de su capacidad. Como solución temporal, se plantea usar cuarteles militares en desuso para trasladar ahí a presos de bajo riesgo —por ejemplo, quienes deben pensión de alimentos—, mientras se construyen cárceles nuevas, incluso con inversión privada. También se busca que la salida de un preso ya no dependa solo de cumplir la condena, sino de una evaluación real de que ya no representa un peligro.
5. Militares apoyando la seguridad de las cárceles. Permite que las Fuerzas Armadas ayuden temporalmente a cuidar el perímetro externo de las cárceles y a dar apoyo logístico al personal penitenciario, pero sin reemplazar a las autoridades del INPE ni asumir el control interno del penal. Solo se activaría en situaciones extraordinarias, con un límite de tiempo.
6. Reinserción de adolescentes infractores. Busca mejorar los programas que ayudan a los adolescentes que cometieron delitos a reintegrarse a la sociedad: que cada uno tenga un plan de tratamiento hecho a su medida, que se les ayude a estudiar o conseguir trabajo, y que reciban seguimiento después de salir del centro juvenil, para que no vuelvan a delinquir.
7. Vigilancia después de salir de la cárcel. Crea una nueva figura para los casos más graves —como sicariato, secuestro o extorsión—: aunque la persona ya cumplió su condena, quedaría bajo supervisión por un tiempo adicional, algo parecido a lo que existe en países como España o Alemania. Se llevaría un registro reservado de estas personas y un juez tendría que revisar periódicamente si esa vigilancia sigue siendo necesaria.
8. Lucha contra el crimen organizado y las mafias. Es el bloque más grande. En resumen: sube las penas y crea nuevos delitos para organizaciones criminales; impide que delitos graves como sicariato, secuestro o extorsión se beneficien de rebajas de pena por confesar rápido o negociar con la fiscalía; crea jueces especializados y protegidos para casos de crimen organizado, para que no los puedan amenazar; da más herramientas a la Policía para incautar pruebas rápidamente; endurece las reglas dentro de las cárceles para presos de alta peligrosidad; y fortalece a las fiscalías especializadas en extorsión. También moderniza las normas sobre delitos informáticos y da a la Policía más presupuesto y equipamiento.
9. Protección para guardaparques. Los trabajadores que cuidan las áreas naturales protegidas —bosques, reservas— hoy enfrentan amenazas de mineros ilegales, taladores y otros grupos armados. La propuesta les da equipo de protección no letal —chalecos antibalas, gas pimienta, botones de pánico satelital— y permite rotarlos de zona cuando su seguridad está en riesgo. Se aclara que esto no los convierte en policías, solo busca protegerlos mejor.
10. Reglas para que el Ejército apoye a la Policía. Actualiza cuándo y cómo las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía frente a amenazas graves como el narcotráfico, la minería ilegal o el terrorismo, cuando la Policía sola ya no da abasto, siempre dentro de un estado de emergencia declarado.
11. Declarar a las mafias como organizaciones «terroristas». Crea un procedimiento para que el Estado pueda calificar formalmente a ciertas bandas criminales —como el Tren de Aragua— como organizaciones terroristas, si cumplen ciertos criterios: uso de armas y explosivos, control de territorios, generación de miedo colectivo, alcance internacional, entre otros. Esto activaría un registro especial y mayor coordinación de inteligencia entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Se precisa que esta etiqueta es distinta de que a cada integrante se le siga un juicio penal individual.
12. Legítima defensa. Busca que si una persona se defiende de un delincuente y lo hace de forma razonable, no tenga que pasar por un proceso penal largo y desgastante para demostrar su inocencia. La ley presumiría que actuó correctamente, y sería el juez quien tendría que dar razones muy sólidas si quiere desestimar esa defensa.

Estos doce puntos son solo una parte del proyecto de delegación de facultades: el resto cubre temas económicos, laborales, tributarios y de reforma del Estado. Pero es este bloque el que más directamente busca responder a la crisis de inseguridad que hoy encabeza las preocupaciones de la ciudadanía. En los siguientes días comentaremos cada uno de los puntos.