La promesa de la mano dura y el discurso presidencial de Keiko Fujimori sobre la inseguridad

Elaborado por Naomi Del Pino, pasante en el Instituto de Criminología.

Hacer frente a la criminalidad requiere políticas multisectoriales y basadas en evidencia, orientadas a abordarla desde la prevención. No solo se trata de “emplear mano dura” contra el delincuente, sino de prevenir que el acto delictivo siquiera ocurra. En el Perú, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 refleja esta perspectiva al desarrollar dos dimensiones importantes. En primer lugar, la prevención social, orientada a reducir los factores de riesgo, y en segundo lugar, la prevención situacional, enfocada en disminuir las oportunidades para el delito mediante intervenciones en el entorno.

Con el fin de que las intervenciones preventivas sean efectivas, es necesario apoyarse en pilares sociales clave como la educación, la recuperación de espacios públicos, la participación ciudadana en iniciativas de vigilancia comunitaria. Sobre todo, la educación y el tejido familiar juegan un papel importante, dado que la delincuencia juvenil se vincula reiteradamente con familias disfuncionales y con la ausencia de oportunidades educativas (Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico, 2025).

A su vez, siguiendo a Dammert (2003), el fortalecimiento comunitario contribuye a reducir la criminalidad a través de la consolidación del capital social local, las instituciones, relaciones y normas que dan cuerpo a la calidad de las interacciones sociales, tejiendo redes de confianza y participación, como las juntas vecinales, que recuperan el uso del espacio público y reducen la tolerancia hacia la violencia.

Lea también: El orden que promete la presidenta: lo que dijo y lo que faltó

Sin embargo, en nuestra realidad la implementación de estas estrategias preventivas presenta limitaciones. Por un lado, las capacidades estatales son desiguales y, por el otro, el control sobre los policías tiende a ser sumamente deficiente. Ya que intervienen reglas informales como el «cuoteo policial» o el «cumplo y miento» que neutralizan los objetivos preventivos formalmente declarados en el papel (López, 2026).

Frente a este escenario, la política criminal peruana ha buscado institucionalizarse progresivamente mediante herramientas basadas en evidencia empírica, destacando la creación del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) para la ejecución de políticas nacionales y del Observatorio Nacional de Política Criminal (Indaga) para la producción de información sobre el delito y la violencia. Sin embargo, persisten graves fallas de coordinación entre los órganos públicos, lo que genera servicios públicos desalineados con los datos (Prado, 2021).

Esta debilidad institucional suele ser suplantada por respuestas como la militarización de la seguridad o la declaratoria de estados de emergencia que no permiten constituir un enfoque preventivo genuino (Costa y Neild, 2007). El anuncio presidencial de Keiko Fujimori, que advirtió que las Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad durante los estados de emergencia, es un ejemplo. Punto que, precisamente, Nicolás Zevallos (2026) cuestiona al no mencionar las metodologías de las que su propuesta se valdrá.

El riesgo es que la «mano dura» anunciada se convierta en otra respuesta coyuntural frente a una crisis compleja, repitiendo el ciclo de populismo punitivo que ya ha caracterizado a la política criminal peruana. Por tanto, urge consolidar una política de seguridad ciudadana efectiva y democrática. Es indispensable superar la fragmentación y la tradición militarizada de la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante políticas públicas que incluyan control externo e involucren a la sociedad. Sobre todo cuando el aumento de la delincuencia alimenta la predisposición a respaldar sanciones cada vez más represivas.

Referencias

Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico. (2025). Fortalecimiento de la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Observatorio Nacional de Prospectiva. https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/o4_lali

Costa y Neild (2007). La reforma policial en Perú. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (2), 112–126. https://doi.org/10.17141/urvio.2.2007.1064

Dammert, L. (2003). Participación comunitaria en la prevención del delito en América Latina: ¿De qué participación hablamos? https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3681579

López, N. (2026). Informal institutions in policing: Unwritten rules in the National Police of Peru. Police Practice and Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/15614263.2026.2664446

Prado, B. (2021). Política criminal y criminología en el Perú: Encuentros y desencuentros. En Libro homenaje en memoria del profesor doctor Felipe Villavicencio Terreros. Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de Derecho, Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/182698

Zevallos, T. (28 de julio de 2026). El orden que promete la presidenta: lo que dijo y lo que faltó. CriminologiaPe. https://criminologia.pe/el-orden-que-promete-la-presidenta-lo-que-dijo-y-lo-que-falto/