Christian Campos-Vásquez, investigador del Instituto de Criminología, participó el pasado 6 de mayo en el webinar internacional «Corporate Accountability and Forced Labour in Value Chains», donde analizó las limitaciones de los sistemas de rendición de cuentas empresarial y la trazabilidad documental frente a las dinámicas de trabajo forzoso en la Amazonía peruana.
Durante su intervención titulada «The Traceability Paradox & The Illusion of Corporate Accountability», el experto abordó cómo el cumplimiento normativo internacional, basado prioritariamente en la validación de documentos públicos, puede convertirse en una simulación que oculta economías ilegales. El investigador explicó que el sistema actual genera un «bosque de papel» donde se rastrean instrumentos administrativos en lugar de los recursos físicos, permitiendo que madera de origen ilícito ingrese al mercado global con apariencia de legalidad.
La presentación detalló que, pese a contar con un marco regulatorio sofisticado y agencias de supervisión como OSINFOR o la FEMA, las estimaciones oficiales indican que entre el 21% y el 37% de la madera en el mercado peruano es de origen ilegal, cifra que en zonas específicas puede alcanzar el 86%. El experto del Instituto de Criminología señaló que la arquitectura regulatoria descansa en gran medida en declaraciones juradas de apenas 212 regentes forestales, quienes son responsables de supervisar operaciones en más de 68 millones de hectáreas de la Amazonía.
El análisis técnico, basado en la metodología de crime-script, identificó que el 35% de los riesgos de evasión regulatoria se concentran en el momento de la tala y el trozado de los árboles. El investigador sostuvo que, mientras la comunidad internacional priorice el papeleo auditable sobre el control empírico en el origen, la explotación laboral y el sistema de «enganche» —basado en el servidumbre por deuda y el engaño— persistirán en las cadenas de valor globales.
«Mientras el papeleo permanezca limpio, la explotación en la base de estas cadenas de valor globales continuará ininterrumpida», afirmó el investigador durante el panel. Ante este escenario, propuso fortalecer el monitoreo territorial a través de alianzas con comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil para generar una vigilancia real que fuerce la acción estatal y el diagnóstico efectivo de violaciones a los derechos humanos.
La actividad se desarrolló de manera simultánea en tres zonas horarias, conectando a ponentes y especialistas de Perú, Alemania e India. El evento contó con una audiencia interdisciplinaria compuesta por representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organizaciones no gubernamentales como Humanity United y agencias gubernamentales como la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Los asistentes valoraron la importancia de abordar el tráfico de personas y el trabajo forzoso desde un enfoque de derechos humanos y evidencia científica, destacando la disponibilidad de estos hallazgos en publicaciones de acceso abierto.
El webinar fue organizado de manera conjunta por la Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) y el proyecto Governing Forced Labour in Chains (GFLC) de la Universidad McMaster. Esta colaboración académica refuerza el compromiso del Instituto de Criminología por posicionar evidencia técnica en espacios de decisión global, promoviendo una comprensión profunda de las dinámicas criminales para elevar la calidad de las políticas de seguridad y justicia.
Pueden ver la ponencia en este enlace:
Enlace al estudio: https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/issue/view/37
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