Elaborado por Yamil Casallo, pasante en el Instituto de Criminología.
El 28 de julio de 2026, en su primer mensaje a la Nación, la presidenta Fujimori colocó a la seguridad ciudadana como uno de los ejes principales de su gestión y anunció un proceso de modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú: tales como plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, videovigilancia interconectada y centros de comando para una respuesta más rápida frente a la criminalidad. De todo lo propuesto, es la inteligencia artificial la que concentra el mayor potencial de cambio, y también la mayor incertidumbre sobre cómo se implementará.
Hablar de la implementación de la IA es comprender que a diferencia de los sistemas de seguridad tradicionales esta tiene la capacidad de aprender y adaptarse de continuamente ante nuevas modalidades delictivas, lo cual le permite anticipar patrones criminales en lugar de solo reaccionar ante ellos una vez ocurrido el hecho (Linares-Torres y Salazar-Curichimba, 2025).
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En ese sentido, esta capacidad de aprendizaje dinámico es algo particularmente útil frente a los delitos como la extorsión, que suelen repetir patrones geográficos reconocibles. Ahí está, precisamente, lo más innovador de la propuesta: no en tener más tecnología, sino en usar una tecnología que aprende y pueda ser usada por las fuerzas internas.
Pero conviene no perder de vista que una plataforma de IA no funciona sola. Su éxito depende menos del algoritmo en sí que de la madurez digital de la institución que lo recibe (Delgado Delgado, 2023). Se necesita personal capacitado para interpretar lo que la herramienta produce, protocolos que traduzcan esa información en decisiones operativas, y una infraestructura que conecte a las distintas dependencias policiales entre sí. Sin eso, el algoritmo puede aprender todo lo que se proponga, pero la institución seguirá respondiendo con la misma lentitud de siempre.
El problema está en la ejecución. Como advierte Zevallos (2026), «nada de esto funciona si seguimos devolviendo el presupuesto destinado a la seguridad». Decir que existe una inversión tecnológica no garantiza que el dinero llegue a comprarse, instalarse y operar; el historial reciente muestra expedientes mal formulados, prioridades que cambian de una gestión a otra y una distancia constante entre quien diseña la política y quien ejecuta el gasto. Ese mismo problema se traslada a las compras públicas del sector Interior: adquirir un sistema de IA exige especificaciones técnicas precisas y proveedores con experiencia real, no un proceso pensado para herramientas capaces, y cualquier vacío termina pagándose después, cuando el sistema no calza con lo que la Policía realmente necesita.
Así, la inteligencia artificial puede ser una forma de modernizar la vigilancia y la anticipación del delito, pero seguirá siendo solo una promesa mientras el lazo gestión-ejecución presupuestal y compras públicas no avancen al mismo ritmo que el anuncio. La tecnología puede aprender; la institución que la rodea, todavía tiene que hacerlo.
Bibliografía:
Agencia Peruana de Noticias Andina. (28 de julio de 2026). Lea aquí el mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi. https://andina.pe/agencia/noticia-lea-aqui-mensaje-a-nacion-de-presidenta-keiko-fujimori-higuchi-1085418.aspx
Delgado Delgado, A. L. (2023). Inteligencia artificial como soporte en la formulación de políticas públicas. Visión Académica, 1(4), 1–10. https://doi.org/10.70577/ffv01504
Linares-Torres, F., y Salazar-Curichimba, B. M. (2025). Potencial y aplicaciones de la inteligencia artificial en seguridad. Razón Crítica, (18), 1–16. https://doi.org/10.21789/25007807.2111
Zevallos, N. (28 de julio de 2026). El orden que promete la presidenta: lo que dijo y lo que faltó. CriminologíaPe. https://criminologia.pe/el-orden-que-promete-la-presidenta-lo-que-dijo-y-lo-que-falto/
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