Un tema recurrente en esta campaña es implementar la pena de muerte como medida definitiva para frenar la criminalidad. Sin embargo, un análisis de la ruta legal e institucional que exigiría esta política revela una serie de complejas barreras normativas y temporales que dificultan enormemente su viabilidad práctica. Comprender este largo proceso ayuda a dimensionar por qué estas promesas enfrentan obstáculos estructurales que escapan por completo a la capacidad de cumplimiento en un periodo de gobierno regular. Para evaluar objetivamente esta medida, es necesario desglosar las etapas y los tiempos requeridos para su implementación:
- Salida de tratados internacionales (1 a 4 años): La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe ampliar la pena capital a nuevos delitos bajo el principio de no regresividad. Renunciar a este pacto requiere una notificación diplomática que tarda un año en entrar en vigor oficial. En la práctica, sumando la decisión política y los trámites administrativos, este paso inicial tomaría entre dos y cuatro años.
- Reforma constitucional (1 a 2 años): La Constitución actual solo habilita esta sanción para casos específicos como traición a la patria y terrorismo. Modificarla demanda la aprobación en dos legislaturas ordinarias o un referéndum. Al requerir acuerdos políticos mayoritarios en un Congreso bicameral, este trámite suma entre uno y dos años adicionales.
- Reforma legal y adecuación (1 a 2 años): Tras el cambio constitucional, se deben modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y diversos reglamentos inferiores. Es fundamental destacar que esta nueva legislación no sería retroactiva, por lo que aplicaría únicamente a delitos cometidos tras su entrada en vigencia.
- Captura del criminal (Tiempo incierto): El sistema de justicia no puede activarse hasta que el individuo sea capturado, un factor previo que depende de las circunstancias de cada caso y que añade un tiempo indeterminado al inicio del proceso.
- Proceso penal inicial (10 años): Mientras un juicio penal simple toma entre dos y cinco años, un caso con pedido de pena máxima es considerado sumamente complejo y carece de rutas procesales rápidas. Alcanzar apenas una primera sentencia tomaría al menos diez años.
- Apelaciones y recursos (2 a 4 años): El sistema garantiza el derecho a la pluralidad de instancias. En estos escenarios, existen fuertes incentivos para que la defensa técnica utilice múltiples recursos legales con el fin de retrasar y extender el proceso al máximo posible.
- Ejecución de la sentencia (2 años adicionales): Finalmente, implementar las condiciones logísticas y formales para la ejecución material sumaría un par de años extra al plazo judicial.
Al sumar los tiempos de la salida de los compromisos internacionales, las modificaciones constitucionales y legales, y el extenso desarrollo de un proceso judicial de alta complejidad con sus etapas de apelación, todo el proceso superaría fácilmente los 20 años de duración. Esta sumatoria total, calculada sobre un escenario institucional medianamente optimista donde existan amplios consensos políticos, evidencia que todo este masivo esfuerzo legal y temporal aplicaría de manera exclusiva para lograr la condena de un solo caso. Observar estos plazos confirma que la alteración profunda del marco de justicia penal requiere un horizonte de tiempo que excede ampliamente los mandatos electorales, convirtiendo esta propuesta en una promesa materialmente imposible de cumplir por cualquier candidato.
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