por Christian Campos Vasquez
El análisis de la seguridad en entornos urbanos complejos, como Lima Metropolitana, exige un tránsito desde las percepciones generales hacia el examen de datos concretos. Tradicionalmente, el debate se ha centrado en el concepto de «seguridad ciudadana», una categoría que, por su amplitud y carga política, puede dificultar el diseño de soluciones precisas. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que para entender la criminalidad es indispensable descomponerla en fenómenos específicos, siendo el robo en la vía pública uno de los indicadores más reveladores de la dinámica social y delictiva de la ciudad.
Al observar el histórico de victimización en la capital, se identifica una tendencia que se ha mantenido cercana al 30%. No obstante, este comportamiento no es lineal; existen periodos de caída significativa que ofrecen lecciones valiosas sobre la prevención. Estos descensos no suelen ser fortuitos, sino que responden a alteraciones en lo que en criminología se denomina el «triángulo de la oportunidad». Este modelo explica que el delito ocurre cuando coinciden tres factores en un mismo tiempo y espacio: una víctima u objeto alcanzable, un agresor motivado y una vigilancia ineficaz.
Durante la última década, se registraron reducciones importantes en el robo que se explican, en gran medida, por cambios en el estilo de vida de los ciudadanos. La adopción de servicios de taxi por aplicativo, el uso de tarjetas de crédito en lugar de efectivo y la masificación de los seguros privados alteraron la disponibilidad de objetivos para el delincuente. A esto se sumó el crecimiento de los cuerpos de serenazgo y la seguridad privada. Posteriormente, un segundo descenso drástico fue provocado por el confinamiento durante la crisis sanitaria, lo que demuestra que, al retirar a la víctima del espacio público, la probabilidad del delito disminuye, aunque el fenómeno no desaparezca, sino que se desplace.
No obstante, el escenario actual plantea desafíos distintos. Los datos indican que los esfuerzos de autogestión, es decir, aquellas acciones individuales que los ciudadanos toman para protegerse están alcanzando un límite de efectividad. La evolución de la criminalidad hacia estructuras de crimen organizado, con un uso más frecuente de la violencia, armamento y extorsión, hace que las medidas preventivas tradicionales resulten insuficientes. El delito hoy presenta una mayor complejidad que ya no puede ser gestionada únicamente por la vigilancia municipal o la prudencia individual en el desplazamiento cotidiano.
Ante este panorama, surge la necesidad de replantear las estrategias de intervención pública. En lugar de intentar abordar el fenómeno de forma atomizada o centrada exclusivamente en los puntos de mayor conflicto, el análisis técnico sugiere un enfoque basado en la recuperación progresiva de espacios. Esta metodología propone la creación de «zonas de seguridad» o áreas de alta cohesión social donde sea posible garantizar la convivencia y la productividad. El objetivo es consolidar estos espacios seguros y, gradualmente, ampliar su radio de influencia que recupere el territorio urbano.
La seguridad en Lima requiere un enfoque basado en la evidencia que reconozca la transformación de las amenazas. Entender que el delito fluctúa según la oportunidad y el entorno permite diseñar políticas más realistas. El desafío para las instituciones y la sociedad civil no consiste solo en reaccionar ante la violencia, sino en gestionar el espacio público de manera estratégica, priorizando la creación de entornos donde la vida común pueda desarrollarse sin las interrupciones del fenómeno delictivo.
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