Por Christian Campos
El incremento de la criminalidad en el Perú ha puesto en el centro del debate público la eficacia de las estrategias estatales de seguridad. Según datos recientes, el país registra una expansión de la denuncia de extorsiones y homicidios, lo que plantea una interrogante sobre la racionalidad del modelo de política de seguridad peruano. Para expertos como Christian Campos Vásquez, investigador asociado del Instituto de Criminología (ICEV), la situación revela una desconexión entre medios y fines, entre el despliegue de recursos y el control del delito.
Uno de los puntos clave en este análisis es la tendencia a priorizar el equipamiento logístico como receta mágica para la reducción del delito. Se suele asumir que el incremento de patrullas o la construcción de nuevos centros penitenciarios reducirán automáticamente los índices de inseguridad. Sin embargo, para Campos Vásquez, el asumir que “por tener más patrullas voy a tener menos inseguridad o por tener más cárceles menos gente extorsionará no es necesariamente cierto”. Si bien los patrulleros, las cámaras o los drones son herramientas disponibles para modelos de prevención del delito, la literatura especializada sugiere que el aumento de adquisición de insumos (o de su sofisticación) no garantiza por si sola la reducción del delito.
Esta dinámica conduce a lo que el investigador describe como una gestión basada en la apariencia. Según explica, “al no tener este objetivo de política claro, el problema está en que se sigue teatralizando, se sigue performando el gobierno de seguridad”. En este escenario, la administración de la seguridad pública prioriza el cumplimiento de su estructura de objetivos, lineamientos e indicadores, y da cuenta del éxito de este cumplimiento ante la opinión pública mediante la divulgación de insumos, no de resultados y mucho menos de impacto.
Esta falta de resultados tangibles ha provocado que la violencia criminal comience a integrarse en la vida cotidiana de la población. La expansión sostenida de delitos como la extorsión desborda la capacidad (de comprensión y) de respuesta (y de los instrumentos del Estado, que enfrenta además limitaciones en sus recursos y personal. Una reflexión necesaria para el futuro cercano es la urgencia de transitar de una política de gestos hacia una gestión basada en evidencia y objetivos estratégicos que logren controlar y reducir las manifestaciones del delito en el país.
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