Por Alonso Flores
El reciente debate electoral ha evidenciado una brecha entre las ofertas de campaña y la capacidad real del Estado peruano para implementarlas. El formato breve y confrontacional de los debates favorece frases efectistas, pero limita la posibilidad de explicar el cómo, quién y cuándo de las propuestas, dejando fuera la complejidad de la gestión pública y sus restricciones administrativas.
Uno de los principales problemas es la desconexión entre promesas y ejecución presupuestal. El Estado opera bajo ciclos rígidos en los que los techos de gasto se definen con anticipación. En este contexto, plantear cambios profundos o aumentos inmediatos de gasto sin considerar estos plazos resulta poco realista. Diseñar políticas públicas exige no solo voluntad política, sino también conocimiento técnico del funcionamiento estatal.
A esto se suma la ausencia de un enfoque preventivo en el debate. Predomina una narrativa de “mano dura”, mientras se dejan de lado las causas estructurales del delito y el control de sus facilitadores, como el tráfico de armas, el lavado de activos o el reclutamiento de menores. Esta omisión refleja una visión parcial que prioriza respuestas inmediatas sobre soluciones sostenibles.
Asimismo, la política de seguridad enfrenta un país con dinámicas criminales diversas —minería ilegal, extorsión, narcotráfico— que requieren respuestas diferenciadas. Sin embargo, persisten enfoques estandarizados y limitaciones institucionales, como la débil rectoría del Ministerio del Interior y la falta de articulación entre actores del sistema de justicia.
Un punto crítico, casi ausente en el debate, es el costo y financiamiento de las propuestas. El margen de maniobra fiscal en el corto plazo es muy limitado. El presupuesto 2026 ya está en ejecución: dentro del Programa Presupuestal 30 (aproximadamente S/7 mil millones), cerca del 20% ya se ha gastado y alrededor del 78% está comprometido (con procesos en curso o términos de referencia definidos). Esto reduce significativamente la capacidad de introducir cambios inmediatos.
Al mismo tiempo, el presupuesto 2027 ya se está diseñando bajo el gobierno actual y debe presentarse al Congreso hasta el 30 de agosto. Este proceso sigue reglas claras: en mayo se aprueban los techos presupuestales mediante el Marco Macroeconómico Multianual (según el DL 1440), y en agosto se actualizan los ingresos y se aprueba el proyecto de ley. El gasto se financia con ingresos y, de ser necesario, mayor deuda.
Además, el presupuesto es altamente rígido: cerca del 70% corresponde a gastos fijos (planillas, contratos, funcionamiento), dejando solo un 30% para nuevos gastos. En este contexto, cualquier reforma requiere primero generar espacios de ahorro y reasignación. Cambios más profundos en la política de seguridad solo podrían consolidarse hacia 2028.
En suma, el debate muestra mucho énfasis en el discurso, pero poca atención a la prevención y casi nulo realismo fiscal. Una política de seguridad seria requiere propuestas no solo ambiciosas, sino también viables, financiadas y técnicamente sustentadas.
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