Cuando se habla de economías ilegales, suele pensarse en delitos aislados o hechos violentos visibles. Sin embargo, el reporte Tendencias y Alertas Nº 3 – Economías Ilegales & Crimen Organizado, elaborado por el Instituto de Criminología, plantea una mirada distinta: estas actividades funcionan como sistemas económicos complejos, con dinámicas de producción, comercio y consumo que se sostienen en el tiempo.
Los datos regionales ayudan a dimensionar el problema. Alrededor del 50 % de los homicidios en América Latina están asociados al crimen organizado, y en 22 de los 35 países de la región estas estructuras muestran una tendencia de crecimiento. En este contexto, el Perú ocupa el décimo lugar en el ranking de crecimiento del crimen organizado, lo que evidencia que no se trata de un fenómeno marginal ni ajeno a nuestra realidad.
Una de las claves del reporte es entender por qué estas economías se expanden. La explicación no está solo en la violencia, sino en los factores de oportunidad. La existencia de alta demanda, elevada rentabilidad y acceso limitado a oportunidades económicas formales crea condiciones propicias para su desarrollo. En el Perú, esto se ve reforzado por un mercado laboral altamente informal: más del 70 % del empleo es informal, lo que facilita la convivencia entre actividades legales, informales e ilegales.
El documento también muestra que las economías ilegales no dependen de organizaciones únicas o jerarquías rígidas. Operan a través de redes criminales fragmentadas, donde distintos actores cumplen roles específicos a lo largo de las cadenas de suministro. Estas redes combinan actividades ilegales, informales y legales, y se adaptan rápidamente a los cambios del entorno, buscando ventajas competitivas y reduciendo riesgos.
Esta lógica explica por qué muchas intervenciones estatales tienen efectos limitados. El reporte señala que los sistemas de seguridad y justicia suelen captar solo fragmentos de estas cadenas, generando poco impacto estructural. Además, las redes criminales desarrollan mecanismos constantes de evasión, aprovechando debilidades operativas, vacíos normativos y problemas de coordinación institucional.
Los impactos de estas dinámicas son visibles en la economía cotidiana. Un ejemplo concreto es la extorsión: en 2023, más de 2 600 bodegas cerraron en el Perú como consecuencia de este delito, afectando directamente a pequeños comerciantes y economías familiares. En el caso de los recursos naturales, se estima que alrededor del 50 % del oro que exporta el país tendría origen ilegal, lo que revela la integración entre circuitos ilícitos y mercados formales. Algo similar ocurre con las drogas ilícitas: hace 30 años no se producía tanta cocaína como en la actualidad, lo que muestra la expansión sostenida de esta economía ilegal.
Hacia el final, el reporte advierte sobre un impacto menos visible pero igualmente grave: la vulneración de derechos humanos. A lo largo de las cadenas de suministro de los mercados ilegales se generan espacios de trabajo forzoso, explotación y violencia sexual, especialmente en territorios donde se concentran estas actividades. Mujeres, niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos en contextos marcados por el control económico y territorial de actores criminales.
Todo ello confirma que las economías ilegales no solo afectan la seguridad o la economía, sino que reconfiguran las dinámicas sociales y territoriales, profundizando desigualdades y debilitando la protección de derechos fundamentales.
Entender estas actividades como sistemas económicos, y no solo como delitos aislados, es clave para avanzar hacia políticas públicas más integrales, capaces de abordar tanto las dinámicas criminales como las condiciones que facilitan su expansión.
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