El reciente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 se presenta como un nuevo instrumento estratégico para orientar la acción articulada del Estado frente al fenómeno delictivo. Resulta interesante que este plan incorpore un marco teórico criminológico para diagnosticar el problema de la inseguridad a nivel nacional. Sin embargo, se observa una desconexión: aunque la política pública apuesta por teorías académicas contemporáneas para explicar el delito, sus medidas operativas no se derivan claramente de estos enfoques.
Esta fractura se nota al ver cómo el documento emplea la criminología ambiental y enfoques como la teoría de la oportunidad para analizar a profundidad las causas de la criminalidad. A pesar de la gran riqueza de este diagnóstico, al momento de plantear soluciones tangibles, el plan abandona estos conceptos y opta por dividir las intervenciones basándose netamente en funciones institucionales operativas. De esta manera, el valioso enfoque académico termina convertido en un paraguas narrativo que justifica el diagnóstico inicial, pero que pierde fuerza para guiar de manera directa la solución real del problema en las calles.
La raíz de esta desconexión operativa radica en que la matriz del plan subordina su diseño estratégico a una cadena de valor secuencial propia de la gestión pública. Al organizar los grandes objetivos bajo esta estricta lógica administrativa, se impone una rigidez burocrática que dificulta la aplicación de intervenciones verdaderamente integrales en un mismo espacio. Como consecuencia, los esfuerzos del Estado se fragmentan de forma artificial entre distintos ministerios, niveles de gobierno y entidades operativas. En lugar de abordar el problema delictivo desde su complejidad social y territorial mediante acciones unificadas, la respuesta gubernamental se dispersa en diferentes compartimentos estancos.
Para que el marco conceptual de esta política funcione y genere impacto, es necesario repensar la forma en que se estructuran las soluciones institucionales. Las acciones operativas del Estado no deberían ordenarse de manera exclusiva por eslabones burocráticos. Por el contrario, las medidas deben estructurarse directamente para atacar los factores de riesgo que las propias teorías formulan. A modo de ejemplo, si el diagnóstico asume la teoría de la oportunidad criminal, las intervenciones deberían articularse prioritariamente en torno a neutralizar agresores motivados, reducir la vulnerabilidad de las víctimas y mejorar una vigilancia ineficaz en los territorios críticos.
Para los tomadores de decisiones y funcionarios públicos, el reto estratégico de cara al futuro es bastante claro. El diseño de políticas públicas de seguridad debe ir más allá de la correcta justificación diagnóstica para asegurar que las matrices de ejecución reflejen fielmente las teorías adoptadas. Lograr que la planificación administrativa dialogue de forma orgánica con el conocimiento criminológico será indispensable para superar las respuestas fragmentadas y construir una seguridad ciudadana articulada, orientada a resultados y capaz de devolver la tranquilidad a la población.
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