La propuesta de un nuevo “Plan de Seguridad” por parte del gobierno de transición, encabezado por el expresidente Jerí, generó desde el inicio más interrogantes que certezas. Si bien es legítimo que cualquier gobierno plantee medidas para combatir la delincuencia, la pertinencia y la posibilidad de ejecutar un plan de tan largo alcance en un mandato tan acotado se convierten en el verdadero foco de análisis.
A nuestro gusto, el principal problema de este plan fue la altísima valla que se impuso para el escaso tiempo disponible. En su ambición, se asemeja peligrosamente a una política nacional de largo plazo, cuando lo que realmente necesita un gobierno de transición no son declaraciones de intenciones grandilocuentes, sino una hoja de ruta mucho más concreta, acotada y, fundamentalmente, operativa. Un plan debe tener un presupuesto claro y enfocado en cerrar las brechas que permitan ponerlo en marcha de inmediato.
La pregunta clave que emerge es si el nuevo (esperemos último) gobierno de transición, con solo cuatro meses por delante, cuenta con las herramientas políticas y el capital necesario para articular un plan que no solo sea efectivo, sino que logre una sostenibilidad en el tiempo. La respuesta, a la luz de la experiencia, es desalentadora. El tiempo es insuficiente para medidas de tan largo alcance. Un gobierno en estas circunstancias debería concentrar sus energías y recursos en prioridades específicas y quirúrgicas, donde el impacto pueda ser medible y tangible en el corto plazo, más que en la formulación de una estrategia que requiere años para madurar.
Otro punto de controversia recurrente es la propuesta de aumentar las penas a delitos como la extorsión o el sicariato. Venimos de años de un constante incremento punitivo que no ha demostrado ser eficiente en la reducción del crimen. El endurecimiento de las leyes, por sí solo, es inútil si el aparato estatal de seguridad y justicia, en su conjunto, opera con graves deficiencias. El sistema actual tiene demasiadas brechas y limitaciones operativas y técnicas para procesar de forma eficaz la acción delictiva, por lo que aumentar las penas solo carga más peso sobre un engranaje ya ineficiente. La solución no es castigar más duro en el papel, sino operar con mayor eficacia en la calle y en los despachos.
El Plan de Seguridad Ciudadana que se prometió ha recorrido un camino lleno de retrasos. Primero se anunció una elaboración mejor que «el vigente», luego se desempolvó el Plan Bratton para ser actualizado. Su presentación se postergó repetidamente, desde finales de diciembre hasta mediados de febrero. La triste realidad es que, a pesar del arduo trabajo de varios equipos, el «gran plan de Jerí» nunca llegó. Simplemente quedó en el aire, como si no se tratara de una urgencia nacional.
Un gobierno de transición debe ser sinónimo de pragmatismo y foco. La incapacidad para concretar la presentación y aprobación de este plan, en medio de una crisis de seguridad, es un síntoma claro de que el enfoque no fue el correcto. En lugar de buscar soluciones de largo aliento que escapan a su horizonte temporal, el Ejecutivo debió enfocarse en acciones específicas, medibles y viables en cuatro meses, dotando de las herramientas y el presupuesto necesario a las entidades de primera línea. Lamentablemente, este fue el plan que se anunció con bombo y platillo, pero que, a la hora de la verdad, nunca llegó a concretarse.
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