Elaborado por Alonso Flores Macher, investigador del Instituto de Criminología y colaborador de CriminologíaPe.
Durante años, la imagen clásica de la c0rrupc10n asociada al cr1m3n organizado en el Perú ha sido: un d3l1ncu3nt3 soborna a un policía, un fiscal o un funcionario para evitar una intervención, desaparecer evidencia o garantizar protección. Es la c0rrupc10n uno a uno. Transaccional. Operativa. Fragmentada.
Pero esa imagen ya no alcanza para entender el momento actual. El cr1m3n organizado madura. Aprende. Se adapta. Y cuando acumula suficiente poder económico, descubre algo mucho más eficiente: en lugar de c0rr0mp3r a muchos operadores de bajo nivel, resulta más rentable influir sobre quienes diseñan las reglas del juego.
No se trata solo de comprar impunidad. Se trata de reducir estructuralmente el riesgo del negocio cr1m1nal. La lógica es sencilla. C0rr0mp3r policías individuales es costoso, incierto y limitado. Cada operativo implica nuevos pagos, nuevas negociaciones y nuevos riesgos. Pero si se logra influir sobre decisiones políticas, regulatorias o institucionales, el beneficio escala exponencialmente.
El objetivo de una organización cr1m1nal sofisticada no es la v10l3nc14 por sí misma. La v10l3nc14 es una herramienta. El verdadero objetivo es generar ganancias, proteger activos, expandir mercados e insertar capital ilíc1to en la economía formal. Para eso, la c0rrupc10n política es mucho más eficiente que la c0rrupc10n operativa.
El REINFO es un ejemplo ilustrativo de esta lógica. Diseñado originalmente como un mecanismo transitorio para facilitar la formalización minera, terminó convirtiéndose, tras sucesivas ampliaciones, en una amplia zona gris regulatoria donde conviven operadores legítimos con enormes oportunidades de infiltración cr1m1nal. No porque su objetivo haya sido favorecer al cr1m3n, sino porque la ambigüedad regulatoria reduce costos y riesgos para economías ileg4les que saben adaptarse rápidamente.
Ese es justamente el punto: el cr1m3n organizado no siempre necesita que algo sea plenamente legal. Le basta con que sea suficientemente ambiguo para dificultar la persecución, fragmentar el control estatal y elevar los costos de enforcement.
Pero REINFO no es el único ejemplo posible. También aparece esta lógica cuando se debilitan herramientas contra el cr1m3n organizado; cuando se reducen capacidades de inteligencia financiera; cuando se flexibilizan controles sobre financiamiento político; cuando proliferan partidos débiles convertidos en vehículos electorales fácilmente capturables; o cuando las instituciones encargadas de investigar o sancionar son sistemáticamente debilitadas.
El riesgo no es solo que el cr1m3n c0rr0mp4 al Estado. El riesgo mayor es que el Estado termine produciendo reglas funcionales al cr1m3n. Por eso el debate electoral debería ser mucho más sofisticado que la clásica competencia de “mano dura”. Fuerza Popular y Juntos por el Perú, como fuerzas que aspiran a gobernar, deberían responder preguntas concretas: ¿cómo blindarán el sistema político frente a la infiltración cr1m1nal? ¿Qué harán para cortar el vínculo entre economías ileg4les y financiamiento electoral? ¿Van a cerrar de verdad las zonas grises regulatorias como REINFO o seguir administrándolas políticamente? ¿Cómo fortalecerán la inteligencia financiera y la capacidad de atacar ganancias ilíc1tas?
Porque el cr1m3n organizado más peligroso no siempre es el que dispara. A veces es el que aprende a legislar.
Descubre más desde CriminologiaPe
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.