El incendio que esta semana arrasó tres viviendas en la urbanización Manzanilla, presuntamente provocado por extorsionadores que atacaron un negocio de alquiler de motos eléctricas, se ha leído como un episodio más de la ola extorsiva que golpea Lima. No lo es. Es la capa más reciente de un terreno que lleva más de una década acumulando postergación, y que ya no se puede explicar solo con la extorsión del momento.
La primera capa es urbana. No se trata de reducir Manzanilla a un simple residuo del desalojo de La Parada —sería injusto con quienes ahí viven y trabajan honestamente— sino de reconocer que ese desalojo de 2012, con dos muertos y más de cien heridos en el camino, dejó una tarea pendiente que nunca se cerró: miles de comerciantes y ambulantes no fueron absorbidos por el Gran Mercado de Santa Anita, como prometía el plan, y se desplazaron a las calles vecinas. En 2014 hubo que desalojar de nuevo: cerca de dos mil ambulantes y recicladores, 200 toneladas de basura, un cuadrante entero convertido en foco de contaminación. La zona no resolvió el problema que la originó; lo heredó y lo arrastra hasta hoy.
La segunda capa es la informalidad que no cede. Cada intento de recuperar el espacio público —desalojos, operativos, promesas de siembra de árboles y pistas nuevas— fue seguido por el regreso de los mismos comerciantes ambulantes y cachineros semanas o meses después. No es que el Estado no haya intervenido en Manzanilla; es que ha intervenido de la misma manera, con el mismo resultado, durante casi quince años.
La tercera capa es la que cambia la naturaleza del problema: el salto de la informalidad tolerada al control criminal organizado. En 2023, vecinos de Manzanilla, La Victoria y El Agustino se armaron con palos y piedras para expulsar a extranjeros que cobraban cupos a comerciantes y mototaxistas, quemando ellos mismos las motos usadas para el cobro. En 2025, un operativo de Dirincri encontró un inmueble de la zona convertido en refugio de criminales, con 40 detenidos. Este año se capturó ahí a un cabecilla de extorsión que amenazaba con videos armados a transportistas. La informalidad dejó de ser el problema principal: se convirtió en el terreno fértil donde otro problema, más violento y más rentable, echó raíces.
Lo que hace de Manzanilla un caso distinto —y más incómodo— es que ninguna de estas capas se explica por ausencia total del Estado. Hay una central de serenazgo al costado. Hay vecinos que se organizan, denuncian, hasta se enfrentan a los extorsionadores con sus propias manos cuando la policía no llega. El punche vecinal existe. Y aun así la zona no logra salir del entrampe: ni la presencia física de una autoridad ni el esfuerzo comunitario alcanzan para revertir una tugurización que se ha vuelto estructural. Eso debería inquietarnos más que la ausencia estatal pura: significa que la sola cercanía de una comisaría o un puesto de serenazgo no es intervención, es escenografía si no está acompañada de gestión territorial sostenida, de un plan de reordenamiento con salida real para el comercio informal, y de investigación que desarticule a las organizaciones que ya se apropiaron del vacío.
Manzanilla es, en ese sentido, un caso de manual: la muestra de cómo un contexto barrial deteriorado —tugurización, comercio informal sin ordenamiento, presencia estatal fragmentada, migración desregulada— confluye en un ecosistema donde el crimen organizado encuentra terreno fértil para instalarse y crecer. Y ahí está la lección de fondo que suele perderse en la cobertura de estos hechos: combatir el crimen no se agota en capturar cabecillas ni en desarticular una banda tras otra. Mientras las condiciones estructurales que atraen y sostienen esas bandas sigan intactas, capturar a «Satanás» o a cualquier otro cabecilla solo abre la vacante para el siguiente. El problema de fondo —el que nadie está resolviendo— es el que permite que la extorsión encuentre, año tras año, el mismo terreno disponible para expandirse.
El incendio de esta semana no inauguró la crisis de Manzanilla. La hizo visible. ¿Cuántas Manzanillas más hay en el Perú, barrios con las mismas capas de postergación esperando su propio incendio? ¿Cuántos siniestros como este vamos a tener que contar antes de que se actúe sobre la causa y no solo sobre sus consecuencias? Y con la elección municipal de Lima en el horizonte, la pregunta más concreta: ¿qué le propone el próximo alcalde a Manzanilla, y a las otras Manzanillas de la ciudad, más allá del megaoperativo de turno?
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