Elaborado por Nayeli Reyes Rosales, estudiante de Ciencia Política en la UNMSM y pasante en el Instituto de Criminología.
En el Perú, la tasa de empleo informal alcanzó el 70.7% entre abril de 2024 y marzo de 2025 (INEI, 2025). Esta situación es aún más marcada en los pequeños negocios. La elevada informalidad suele aparecer vinculada a la extorsión en los diagnósticos sobre crimen organizado en el Perú y América Latina, aunque esa cercanía no equivale a una relación de causa y efecto directa. La informalidad no genera extorsión por sí sola; lo que genera es un vacío de protección que otros actores terminan ocupando.
En ese sentido, Sabet (2015), en su estudio sobre comunidades fronterizas mexicanas, explica que los comerciantes informales enfrentan dos tipos de riesgo. Por un lado, viven expuestos a ser detectados y sancionados por el Estado; por otro, no cuentan con ningún respaldo para hacer valer un contrato si alguien les incumple el trato o los estafa. Ante esa doble desprotección, recurren a mecanismos alternativos –generalmente clientelistas–, pero ese mismo vacío también puede ser ocupado por intermediarios corruptos que explotan lo que Sabet, siguiendo a Burt, llama un “agujero estructural” entre Estado y los informales. Así, la ley se vuelve, en sus palabras, “negociable”, lo que abre espacio para que los actores criminales impongan sus propias reglas.
En ese sentido, el Observatorio INDAGA (2025) señala estos dos riesgos con un matiz todavía más grave. El riesgo de sanción se materializa cuando la autoridad municipal y los actores criminales terminan involucrándose en un mismo espacio de control. En Gamarra, donde casi 8,000 vendedores ambulantes disputan un espacio de trabajo, testimonios recogidos documentan que, ante la negativa de pago de una cuota de ingreso de hasta 10,000 soles, interviene el fiscalizador municipal, quien hace retención de la mercadería, de modo que “si un ambulante desea trabajar sin problemas debe ser parte de la red de favores que pueden incluir desde agentes municipales hasta policías” (p. 64). Por su parte, el riesgo de transacción señala que los micro y pequeños empresarios peruanos recurrieron a capitales de inversión informales “más aún cuando las evaluadoras de riesgo les negaban el crédito por medio del sistema formal” (p. 49). Esa exclusión financiera es la puerta de entrada al “gota a gota” donde los prestamistas informales terminan cobrando tasas de interés capaces de multiplicar hasta por más de cinco veces el monto original.
Este patrón de vulnerabilidad puede explicarse a partir de lo planteado por Fagoaga (2014) en su estudio sobre la economía informal y las pandillas salvadoreñas. El autor muestra cómo “la ausencia de controles sobre las actividades informales permite que los grupos delictivos puedan ir inyectándole capital ilícito a negocios informales” (Jefe de División de Delitos Financieros de la PNC, p. 239) y expandir sus actividades en el tiempo. Esto no quiere decir que el comerciante informal sea cómplice, sino que esta falta de control permite que el dinero ilícito y las prácticas extorsivas se sostengan en el tiempo. Detrás de esta vulnerabilidad existen negocios que no permanecen en la informalidad por decisión propia, sino porque formalizarse sigue siendo más costoso que quedarse fuera del sistema, entre trámites, licencias y cargas tributarias que superan el margen de un negocio de subsistencia. En conjunto, estos casos muestran que la informalidad no es la causa de la extorsión, sino un contexto de vulnerabilidad que el crimen organizado puede aprovechar para instalarse y sostenerse entre los comerciantes más vulnerables.
En consecuencia, la extorsión en el Perú genera pérdidas estimadas en más de 6 mil millones de soles al año, equivalente al 3% del PBI, y buena parte del costo recae sobre este sector con menor capacidad de defensa. Por ello, cualquier estrategia de control que se limite a la persecución penal difícilmente funcionará sin políticas públicas que ataquen el problema de raíz, ya que, mientras el comerciante informal siga sin acceso a crédito, sin organización colectiva entre sus pares y sin ninguna institución cercana a la cual acudir, seguirá pagando ese impuesto que nadie cobra oficialmente, pero que igual nadie deja de pagar.
Bibliografía:
Fagoaga López, W. A. (2014). La economía informal y su conexión con el avance de formas delictivas organizadas: Prospectiva para el decenio 2015-2025. Revista Policía y Seguridad Pública, 4(2), 227-254. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4947806
INEI. (2025). Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades [Informe técnico]. Tasa de empleo informal: 70.7% (abril 2024–marzo 2025).
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_empleonacional_1.pdf
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2025). Dinero y amenaza: Proceso, modalidades y estructuras de la extorsión en el Perú. Observatorio Nacional de Política Criminal INDAGA, Dirección General de Asuntos Criminológicos.
https://www.gob.pe/institucion/minjus/colecciones/3146-investigaciones
Sabet, D. M. (2015). Informality, illegality, and criminality in Mexico’s border communities. Journal of Borderlands Studies. https://doi.org/10.1080/08865655.2015.1101704
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