El mercado ilegal no vive aparte

La minería ilegal moviliza hoy más de US$12.000 millones al año en el Perú, diez veces lo que mueve el narcotráfico; el país ocupa el segundo lugar mundial en comercialización de productos falsificados, y el conjunto de las economías ilegales —minería, narcotráfico, contrabando, tala— equivale ya a entre el 3% y el 4% del PBI. Frente a esas cifras, la respuesta habitual es la misma: más operativos, más incautaciones, más estados de emergencia. Esa respuesta parte de un diagnóstico equivocado sobre cómo funciona el mercado que se quiere combatir.

La imagen dominante es la de un mundo aparte: mafias verticales, cabecillas que controlan territorios y rutas, un circuito cerrado que opera al margen de la economía formal y que basta con «intervenir» para desarticular. La evidencia dice otra cosa. El sistema de producción y comercio de cocaína en el Perú, por ejemplo, no funciona como un monopolio piramidal y transnacional, sino como un sistema de segmentos dispersos que compiten entre sí y se organizan de forma coyuntural, más parecido a un mercado de commodities globales que a un cártel (Zevallos, Mujica, Campos y Vizcardo, 2023). Y ese mercado, lejos de ser un circuito aislado, se apoya sistemáticamente en la infraestructura de la economía legal: en Lima, computadoras robadas terminan comercializándose en mercados legales autorizados, donde la alta precariedad de los controles permite insertar objetos de origen ilícito en la oferta lícita (Mujica, Peñaloza y Zevallos, 2018).

Lo mismo ocurre con la minería ilegal y el contrabando. El Reinfo, pensado como puente hacia la formalización, terminó siendo el canal que decenas de miles de operaciones ilegales usan para blanquear su producción y colocarla en el mercado del oro legal — de ahí que las exportaciones de oro sin origen claro hayan crecido 55% en un solo año. El contrabando que entra por la frontera con Bolivia y termina en Mesa Redonda no compite con el comercio formal desde fuera: ocupa sus mismos locales, sus mismas rutas, sus mismos puntos de venta. En ambos casos, la pregunta relevante no es dónde está la red criminal, sino qué segmento de la cadena legal permite que lo ilegal se mueva sin fricción.

Bajo ese diagnóstico erróneo, la respuesta del Estado repite el mismo error: normas que sobrerregulan al pequeño comerciante formal mientras dejan intacto el punto de inserción real de la mercancía ilegal, extensiones sucesivas del Reinfo que amplían el canal en lugar de cerrarlo, megaoperativos que exhiben decomisos —S/386 millones en bienes incautados solo en lo que va del año— sin tocar los segmentos que se reorganizan al día siguiente. Es la lógica de la lista de compras: se mide éxito por toneladas incautadas, no por la capacidad del sistema para regenerarse.

Si el mercado ilegal no es un cártel sino un sistema de segmentos que usa la economía legal como plataforma, perseguir cabecillas y anunciar decomisos no cierra el circuito: solo desplaza el segmento más visible. La pregunta que debería guiar la próxima estrategia contra las economías ilegales no es cuántos operativos se ejecutan, sino qué punto de la cadena legal —el mercado, el registro, la aduana, la concesión— seguimos dejando abierto para que lo ilegal se siga colando por ahí.