El panorama electoral peruano se encuentra cada vez más amenazado por la creciente influencia de las economías ilegales. Estas estructuras, impulsadas por la búsqueda de lucro a través de actividades al margen de la ley, ven en el ámbito político un terreno fértil para asegurar su supervivencia, expansión y, fundamentalmente, la reducción de los riesgos asociados a sus operaciones. Comprender los intereses, el capital de influencia y las vulnerabilidades del sistema electoral frente a esta amenaza es crucial para preservar la integridad democrática.
Para una economía ilegal, la política no parece un fin en sí mismo, sino un medio estratégico. Su principal interés radica en influir en el control y la regulación de sus actividades ilícitas. Esto implica la búsqueda constante de aliados y la neutralización de adversarios dentro de las esferas de poder. El objetivo primordial es moldear las leyes, las políticas públicas y las prácticas institucionales para que sean más permisivas o, en el mejor de los casos, cómplices con sus operaciones. Esto se traduce en la necesidad de colocar individuos afines en puestos clave del gobierno, el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los organismos de control, garantizando así protección, información privilegiada y la reducción de la probabilidad de persecución y sanción.
El capital con el que cuentan estas economías para ejercer su influencia es considerable, pero no se limita al dinero: también ocupa a una enorme masa crítica. De un lado, la ingente cantidad de recursos financieros generados por actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el contrabando, entre otras, se convierte en una poderosa herramienta de presión y persuasión. Este capital se despliega estratégicamente en el financiamiento de campañas políticas, inyectando sumas significativas en las arcas de candidatos y partidos a cambio de favores futuros. Este financiamiento puede ocurrir en diversos momentos del proceso electoral, desde la etapa de precampaña hasta la fiscalización post-electoral, buscando asegurar lealtades y compromisos a largo plazo.
Pero de otro lado, la masa crítica se asocia al control territorial y la dependencia económica que generan estas economías ilegales en ciertas regiones. Esto les otorga la capacidad de movilizar intereses a su favor al ejercer violencia e intimidación contra candidatos que no se alinean con sus intereses, contra votantes que se resisten a su influencia y contra funcionarios electorales que intentan garantizar la transparencia del proceso. Esta violencia puede distorsionar la competencia electoral y limitar la participación de candidatos honestos.
Asimismo, la presencia de bolsones electorales, donde las economías ilegales ejercen un control significativo sobre la población, representa otra forma de influencia en el voto. A través de la coerción, la compra de votos, pueden movilizar grandes cantidades de electores en favor de sus candidatos, asegurando así su representación en los cargos de elección popular.
La manera en que está configurada la competencia electoral actual abre una serie de riesgos y vulnerabilidades que son aprovechadas por las economías ilegales. Por ejemplo, la enorme cantidad de candidatos y organizaciones políticas, especialmente a nivel subnacional, dificulta la labor de fiscalización y aumenta las oportunidades para la infiltración de dinero ilícito. Se estima que tendremos alrededor de 10 mil candidatos a presidentes, vicepresidentes, congresistas, senadores y parlamentarios andinos. A nivel subnacional, la estimación llega al medio millón de candidatos. Esto supera con creces la capacidad de los organismos de control.
Hacer impermeable y blindar un proceso electoral ante una amenaza de esta magnitud requiere un enfoque multifacético y sostenido. Es fundamental fortalecer la transparencia y la fiscalización del financiamiento político, implementando sistemas robustos de registro y divulgación de fondos, fortaleciendo los organismos de control y promoviendo la bancarización de las transacciones de campaña. Pero en un contexto tan complejo como el actual, tal vez eso no baste, o estemos demasiado tarde.
Lo que parece claro es que la infiltración de las economías ilegales en el escenario electoral es hoy una seria amenaza para la democracia. La combinación de su poder financiero, su capacidad de movilización y las vulnerabilidades inherentes al sistema electoral actual exigen una respuesta contundente y coordinada. Incrementar significativamente los recursos destinados a la fiscalización, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y robustecer las instituciones son pasos fundamentales.
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