Nicolas Zevallos Trigoso
El Perú cerró 2025 con una tasa de homicidios de 10.7 por cada 100 mil habitantes —la más alta en dos décadas, según el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC)— y con miles de bodegas destinando hasta el 10% de sus ingresos a extorsionadores. Bajo ese telón de fondo, el 20 de agosto el primer ministro Luis Galarreta presentó ante la Cámara de Diputados la Política General de Gobierno 2026-2031. El discurso acierta en el diagnóstico: nombra la inseguridad como una amenaza directa a la libertad y a la economía, no un problema de percepción. Y lo hace con ejemplos concretos, no abstractos: el transportista que paga cupo, el comerciante que cierra por miedo. Es el mismo llamado que hacemos siempre: que la seguridad se defina en función de quién necesita sentirse seguro —el emprendedor, el minero legal, el policía que responde una emergencia— y no en función de la lista de compras del Estado.
El discurso da pasos relevantes que convendría profundizar. Revisar la terminación anticipada en delitos violentos y fortalecer el Subsistema Especializado contra la Extorsión apuntan al problema real de la impunidad procesal; ese esfuerzo ganaría solidez si se precisa el mecanismo y se fijan plazos verificables. El AFIS y la videovigilancia con IA responden a un déficit de capacidad de investigación criminal documentado desde hace años, y rendirían más si se articulan desde el inicio con protocolos de uso y gobernanza de datos. En el frente operativo, los mapas de calor y el apoyo de las Fuerzas Armadas en calles y penales ganarían sostenibilidad si se combinan con una intervención sobre el punto de la cadena delictiva donde esta se decide, no solo sobre el objeto o el territorio visible. Y valdría la pena que la estrategia contra la minería ilegal incorporara la trazabilidad del oro ilegal.
La recomendación técnica central, sin embargo, es otra: que cada medida se acompañe de una meta de impacto, no solo de una meta de proceso. Hemos documentado repetidas veces que el Estado suele medir lo que es fácil de contar —denuncias, operativos, equipos entregados— y no lo que importa: el delito real y su reducción. Esa brecha no es un detalle metodológico: en algunos delitos el subregistro respecto a la victimización real supera el 95%. Ahora, las metas de rendición de cuentas que el propio discurso ofrece para julio de 2027 son, todas, metas de proceso —equipamiento entregado, sistemas implementados, operativos ejecutados—; incorporar una meta de impacto en cada una fortalecería sustancialmente la propuesta.
Concretamente, se sugiere que cada una de las cinco prioridades en seguridad incorpore su propio indicador de impacto:
- Sicariato: incorporar la tasa de homicidios dolosos, el indicador más confiable que tiene el país por su menor subregistro, aunque conviene primero conciliar las series de la Policía y el CEIC.
- Extorsión: medir cuánto deja de pagarse en cupos, para lo cual haría falta una encuesta de victimización empresarial recurrente —hoy solo existen estimaciones sueltas de prensa—, en línea con el modelo de extorsión sistémica territorial que ya ha hemos propuesto previaemtne.
- Minería ilegal: dar seguimiento a la brecha entre lo que produce de manera no legal y lo que efectivamente se exporta como oro formal, más allá de las toneladas incautadas en cada operativo.
- Cierre de brechas policiales: monitorear la confianza ciudadana en la PNP —hoy en su nivel más bajo en doce años, con más de ocho de cada diez peruanos declarando desconfianza—, así como el tiempo de respuesta como complemento al número de vehículos o cámaras entregadas.
- Gestión pública: estimar el retorno de cada sol invertido —por ejemplo, cuánto baja la extorsión por cada sol puesto en la nueva División de Investigación de Extorsiones— y no limitarse a reportar la ejecución presupuestal.
El Gobierno tiene 22 días de gestión y cinco años de plazo para incorporar estas métricas. Hacerlo no exige más anuncios: exige que la rendición de cuentas de julio de 2027 responda, para cada eje, la misma pregunta: ¿cuánto cambió el problema que se prometió resolver?
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