Imaginemos que el Estado intenta contener una inundación —el crimen— construyendo un dique. La crisis políticaprovoca que: (1) el capataz despida a los ingenieros expertos porque estos descubrieron que él robaba cemento; (2) los albañiles y los arquitectos se peleen a gritos y dejen de trabajar; y (3) cambien los planos de construcción cada semana. El resultado es inevitable: el agua sigue entrando, y solo se tapa el agujero cuando el nivel ya le llegó al cuello a alguien importante (el escándalo), mientras la estructura general sigue colapsando.
Esta analogía no es solo una imagen ilustrativa; es una analogía de la seguridad en el Perú. La inestabilidad actual no es unidimensional, sino que se compone de cuando menos tres capas que interactúan debilitando al Estado frente al crimen:
- La primera capa es la neutralización de la justicia por autoprotección. Estamos ante un escenario donde autoridades investigadas por corrupción o malos manejos utilizan su poder político para desactivar a quienes los investigan o para flexibilizar las leyes que los persiguen.
- La segunda capa es la tensión institucional constante entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. Para combatir el crimen eficazmente, se requiere una labor conjunta y fluida entre la policía (que depende del Ejecutivo) y los fiscales; sin embargo, al estar en continua tensión, esta cooperación se rompe, impidiendo la ejecución de operativos exitosos.
- La tercera capa es la inestabilidad administrativa. La alta rotación de funcionarios hace imposible sostener planes a largo plazo. Cada nuevo funcionario llega con ideas distintas y suele comenzar desde cero, reiniciando procesos y estrategias constantemente, lo que impide la continuidad necesaria para enfrentar redes criminales complejas.
Esta crisis política tiene consecuencias directas: la supervivencia del crimen. Debido a la precariedad del sistema, la justicia tiende a actuar bajo una lógica performativa: se captura a los criminales que son demasiado escandalosos, ostentosos o violentos. Esto envía un mensaje peligroso: se persigue al que hace ruido, pero se deja operar impunemente a quienes trabajan en silencio y con inteligencia.
Aún más grave es el riesgo de infiltración en la política. La debilidad institucional abre la puerta para que los intereses económicos ilegales intenten penetrar las campañas electorales, buscando convertirse en autoridades para resguardar sus negocios ilícitos desde dentro del sistema.
Frente a esta desprotección, es natural ver un auge de narrativas autoritarias. La precariedad de la seguridad impulsa a la ciudadanía a buscar líderes de «mano dura» o perfiles conservadores. Existe, incluso, cierta reminiscencia de que una autoridad caudillista podría solucionar el caos. Sin embargo, aplicar estas estrategias hoy en Perú es mucho más complejo que en el pasado. A diferencia del terrorismo de los años 80 y 90, donde existía un enemigo estructurado y visible como Sendero Luminoso, el enemigo actual es difuso, resiliente y está mezclado con la economía informal y con intereses en la propia política.
Enfrentar a un enemigo que no es blanco o negro, sino que se mimetiza con el emprendimiento y el Estado, requiere mucho más que fuerza bruta; requiere una estabilidad política que hoy parece lejana.
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