Es un acierto que el presidente Jerí haya priorizado la seguridad ciudadana en su agenda, moderando su discurso inicial hacia un reconocimiento de la complejidad del problema. Sin embargo, tanto las medidas del reciente pedido de facultades legislativas como las del Estado de Emergencia se enfrentan a un muro de realidad: las limitaciones operativas del Estado. Para que las intenciones no queden en buenas ideas, es indispensable incorporar de forma transversal a un actor que ha estado lateralizado pero que es vital para la solución: el sector privado.
El primer paso es entender que la seguridad no es solo un tema policial, sino una precondición para el desarrollo. El sector privado debe asumir un rol activo haciendo visibles las necesidades de seguridad, no solo como una queja, sino como una exigencia fundamental para garantizar el crecimiento económico del país. Sin seguridad, los proyectos generan sobrecostos; por tanto, exigir el cierre de brechas operativas es también un acto de política económica.
Es aquí donde se necesita dotar de músculo y energía a la gestión pública. El sector privado existen experiencias protegiendo activos con estándares que se deberían replicar. Modelos de cooperación como las Águilas Negras o los protocolos de seguridad bancaria demuestran que la interacción entre la logística privada y la autoridad pública genera eficiencias que hoy no tenemos en las comisarías, donde 9 de cada 10 policías patrullan sin radio (ICEV, 2025).
La participación privada puede ayudar también al cierre de brechas. Mecanismos como las Obras por Impuestos (OxI) son una buena herramienta para materializar esta participación. OxI permite que la agilidad del privado ejecute esos proyectos prioritarios de forma célere y transparente, asegurando estándares de calidad que el Estado suele demorar años en conseguir.
Para que esto sea viable debemos identificar con precisión los proyectos de inversión que permitirán dotar de equipos y tecnología a la policía. Se puede formar para ello un grupo de tarea con gestores especializados que integre asectores críticos: Interior, Justicia, Transportes, Ministerio Público y Poder Judicial. Este equipo, actuando como bisagra con el MEF, la Contraloría y gremios empresariales, podría enfocarse en destrabar los procesos que hoy son lentos e ineficientes.
¿Qué aspectos puede priorizar este grupo de tarea? Para empezar, el sistema penitenciario, donde se requiere reforzar la seguridad: desde el control de accesos, el bloqueo de las telecomunicaciones y el seguimiento a llamadas desde el interior del penal. Estos son servicios complejos que empresas especializadas pueden gestionar con rigor ante un sistema hoy hacinado y desbordado.
También es importante enfocar la atención en el tiempo de respuesta de los servicios de seguridad y emergencia que hoy se demoran hasta 60 minutos en atender una alerta. Si se habla de proteger a los transportistas y un contexto donde se quiere poner en marcha el sistema 911, es urgente contar con vehículos, infraestructura, equipamiento y esencialmente telecomunicaciones que permitan responder en el plazo más breve ante un llamado de alerta.
Pero para que la participación privada sea efectiva es necesario tener objetivos claros. La reducción de homicidios y extorsiones deben ser KPIs medibles, no solo deseos políticos. Es posible sentar las bases de una transformación, pero solo si entendemos que el músculo y la energía para mover la maquinaria estatal pueden recibir un gran aporte del sector privado en este momento de urgencia nacional.
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