Facultades legislativas: 5 medidas contra la extorsión

El Proyecto de Ley con el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo incluye 5 medidas contra la extorsión. Las comentamos a continuación:

  1. Criminalización del Proceso (IV.1.15): Se penalizan las fases iniciarles en la extorsión: el contacto, la amenaza y la negociación, no solo el cobro. En este momento, si no se concreta un pago o una amenaza explícita de muerte, se hace difícil actuar. Esta propuesta de criminalizar el «reglaje», ese primer mensaje de WhatsApp tanteando el terreno o la negociación. Por ello abre una puerta muy importante para abarcar fases que ya generan impacto. El daño empieza con ese mensaje y se extiende con el pago. Ya el solo recibir el mensaje conlleva que muchas personas tomen medidas para protegerse, generando al menos un impacto emocional cuando no económico. Por eso, permitir que el Estado intervenga cuando el delincuente hace el primer abordaje a la víctima puede ser un cambio importante.
  2. Revisión Digital Express (IV.1.9): Se propone autorizar a la Policía y Fiscalía a revisar equipos informáticos (celulares, laptops) en flagrancia de extorsión o secuestro, sin orden judicial previa. Esta propuesta quizás genere tensiones, pero es operativamente importante. Permitir la revisión inmediata de celulares y laptops incautados en flagrancia —sin esperar una orden judicial posterior— responde a una realidad innegable: estos equipos son los nuevos centros de operaciones de los extorsionadores. Es casi como intervenir un inmueble. Con los protocolos correspondientes -y con el accionar conjunto de la PNP y la Fiscalía-, acceder a esa información in situ, puede evitar que se altere esta escena del crimen digital, perdiéndose información valiosa.
  3. Levantamiento del Secreto en 24h (IV.1.13): Se propone que los jueces levanten el secreto de las comunicaciones en máximo 24 horas en casos de extorsión. Equiparar la extorsión al secuestro para con esta medida responde a una necesidad operativa. En línea con la medida anterior, en el mundo digital, la evidencia es muy volátil. Si un juez tarda varios días o semanas en autorizar el rastreo, cuando llega la orden, ya no hay nada que rastrear. Esta medida busca cerrar esa ventana de oportunidad.
  4. Inteligencia como Prueba (IV.1.1): Se plantea que la Policía pueda usar inteligencia criminal como noticia criminis para iniciar investigaciones sin depender de la denuncia de la víctima. A mi gusto, esta es una de las medidas mas interesantes en un contexto donde las víctimas tienen miedo a denunciar. Es injusto someter a estas víctimas tortuoso, que además puede exponer su integridad. No es indispensable cuando el objetivo es operar contra organizaciones y redes criminales. Si la inteligencia policial detecta el patrón criminal, se persigue de oficio. Esto «anonimiza» el origen de la alerta y protege a la fuente, algo fundamental cuando te enfrentas a bandas que te escriben directamente al teléfono o dejan mensajes en casa.
  5. Subsistema Especializado (IV.1.14): Creación del SEEDC, juzgados y fiscalías exclusivas para extorsión y delitos conexos. Esta medida es el soporte ineludible de todo lo anterior. Las cuatro ideas previas van a requerir equipos dedicados a las extorsiones altamente especializados. No pueden compartir su tiempo con otros asuntos. Este subsistema debe venir acompañado de recursos: personal, equipamiento, vehículos, equipos de comunicación, etc. para los equipos policiales que desempeñarán las labores de investigación y acción en terreno. Si esto no se garantiza, las propuestas anteriores serán letra muerta.

En general creemos que estas 5 medidas son acertadas, pero hay dos retos. El primero es que el sentido que proponen en este momento no se tergiverse en las siguientes semanas luego de aprobada la delegación de facultades y se formulen los Decretos Legislativos correspondientes. El segundo, como insistimos, debe venir acompañado de recursos para asegurar la operatividad de los equipos. Si a eso le sumamos indicadores claros para evaluar el desempeño, podrían ser medidas que cambien el panorama en un plazo mediano.