El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un pedido de facultades legislativas por un plazo de 60 días. El objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada.
Más allá de los titulares sobre «mano dura», el documento técnico (PL 13280) contiene 26 medidas específicas que buscan reformar desde el Código Procesal Penal hasta la Ley de Concesiones Eléctricas. Para entender el alcance real de esta propuesta, hemos clasificado las 26 iniciativas en 6 ejes estratégicos.
Aquí el desglose completo:
1. Extorsión como negocio (5 Medidas)
El núcleo de la propuesta ataca la extorsión, no solo como delito, sino como proceso económico.
- Inteligencia como Prueba (IV.1.1): La Policía podrá usar inteligencia criminal como noticia criminis para iniciar investigaciones sin depender de la denuncia de la víctima.
- Revisión Digital Express (IV.1.9): Se autoriza a la PNP/Fiscalía a revisar equipos informáticos (celulares, laptops) en flagrancia de extorsión o secuestro, sin orden judicial previa.
- Levantamiento del Secreto en 24h (IV.1.13): Se obliga a jueces a levantar el secreto de las comunicaciones en máximo 24 horas en casos de extorsión.
- Subsistema Especializado (IV.1.14): Creación del SEEDC, juzgados y fiscalías exclusivas para extorsión y delitos conexos.
- Criminalización del Proceso (IV.1.15): Se penalizan las fases previas a la extorsión: el contacto, la amenaza y la negociación, no solo el cobro.
2. Logística Criminal (6 Medidas)
Se busca cortar el suministro de herramientas claves: comunicaciones, movilidad y datos.
- Límite de Líneas Móviles (IV.1.22): Se establecerá un tope máximo de líneas que una persona natural puede contratar para evitar el mercado negro de chips.
- Tráfico de Datos (IV.1.16): Se tipifica como delito la comercialización de bases de datos personales.
- Uso de Numeración (IV.1.19): Reglas estrictas para evitar el uso de numeración telefónica en fraudes y amenazas.
- Tenencia de Armas (IV.1.2): Sanción a la tenencia ilegal compartida y posesión de armas inoperativas. Destrucción de armas incautadas en 1 año (antes 3).
- Vehículos Siniestrados (IV.1.7): Regulación para evitar el «blanqueo» de autos robados usando placas de vehículos en pérdida total.
- Antenas Ilegales (IV.1.11): Delito de suministro ilegal de telecomunicaciones (WiFi) hacia penales.
3. Control Migratorio y Fronterizo (3 Medidas)
Un giro hacia políticas más restrictivas y de validación biométrica.
- Ley del Refugiado (IV.1.4): Modificaciones para evitar el abuso de la solicitud de refugio como mecanismo para evadir la justicia o controles migratorios.
- Estatuto de Apátrida (IV.1.3): Regulación del procedimiento para determinar la condición de apátrida y evitar fraudes en la identidad.
- Identidad Biométrica (IV.1.24): Interoperabilidad obligatoria para validar la identidad real de extranjeros y detectar antecedentes.
4. Sistema Penitenciario y Justicia Juvenil (4 Medidas)
Endurecimiento del régimen interno y celeridad procesal.
- Máxima Seguridad (IV.1.12): Clasificación directa al régimen cerrado especial para condenados por sicariato y crimen organizado.
- Cárceles Productivas (IV.1.25): Fomento del trabajo penitenciario obligatorio para reducir el ocio.
- Justicia Juvenil (IV.1.10): Implementación de juzgados unipersonales (no colegiados) para acelerar sentencias a adolescentes infractores.
- Prestación de Servicios (IV.1.8): Las entidades públicas se convertirán automáticamente en unidades beneficiarias para penas de servicio comunitario.
5. Inteligencia Financiera y Economía Ilegal (3 Medidas)
- Fichero Bancario (IV.1.18): Creación de un registro centralizado de titularidades financieras supervisado por la SBS.
- Minería Ilegal (IV.1.17): Retorno de la minería ilegal al marco de Crimen Organizado y creación del delito de tráfico de recursos minerales.
- Transporte (IV.1.20 / IV.1.23): Fomento a la inversión en sistemas integrados y declaratoria de emergencia del transporte ante desastres.
6. Autoridad y Protección Policial (3 Medidas)
- Filtración de Información (IV.1.5): Nuevo delito para funcionarios que revelen información reservada de operativos.
- Resistencia a la Autoridad (IV.1.6): Penas efectivas y más altas para quienes agredan o desobedezcan a la autoridad.
- Secreto en Emergencia (IV.1.26): Restricción del acceso a la información pública sobre operaciones policiales/militares durante estados de emergencia.
En principio, hay varias medidas que eran necesarias. Otras requieren mayor discusión pues pueden representar barreras para los propios ciudadanos. En todos los casos, la puesta en marcha de estas medidas va a depender mucho de las capacidades existentes. Seria importante que se acompañen con un shock de inversiones.
En los siguientes días analizaremos algunas de estas propuestas
¿Qué opinas de estas medidas? ¿Cuál consideras la más urgente?
CriminologiaPe 