El reciente congelamiento de 50 cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal «Los Occidentales», con movimientos que superan los 20 millones de soles, evidencia la capacidad financiera de estas redes. Este capital, presuntamente producto de la extorsión y canalizado a través de empresas fachada, muestra la disponibilidad de fondos que podrían tener incidencia en distintos ámbitos, incluido el financiamiento de actividades políticas de cara a las elecciones del 2026.
Para dimensionar esta capacidad financiera, es útil contrastar dicho monto con los costos de las campañas electorales en el Perú. Si se contrasta con las estimaciones del informe «Economías Ilegales y Elecciones», publicado por el Instituto de Criminología y Empresarios por la Integridad, los 20 millones de soles identificados en este caso serían suficientes para financiar una campaña presidencial (costo estimado de 11.7 millones de soles). El monto también podría cubrir los costos de aproximadamente 41 campañas al Congreso (S/ 480,000 c/u) o 37 campañas a gobiernos regionales (S/ 540,000 c/u). Estas cifras reflejan la diferencia cuantitativa entre los fondos que pueden movilizar las economías ilegales y los costos reportados de las campañas.
Estas estimaciones son importantes para comprender cómo se configuran en el Perú los factores de oportunidad para las economías ilegales y el crimen organizado. Primero, una extendida informalidad económica donde fluyen y se acumulan capitales con escasa trazabilidad, accesibles a los intereses criminales predatorios. Segundo, la presencia de redes criminales altamente adaptables y que actúan como actores con recursos y motivación. Tercero, una vigilancia con limitaciones diversas, la cual puede verse afectada por la incidencia de intereses vinculados a estas redes en la esfera política, con la capacidad de influir en la desregulación de los sistemas de control. Desde esta perspectiva, la intervención en la política puede ser vista como un mecanismo para mantener o ampliar las oportunidades para el desarrollo de actividades delictivas.
El informe citado señala que las economías ilegales en el Perú movilizan cerca de 7.5 mil millones de dólares anuales (equivalente al 2.7% del PBI nacional). Y estos datos corresponden solo a cuatro mercados ilegales. Si bien es casi imposible estimar cuánto movilizan las extorsiones, este operativo ofrece una lectura inicial de sus capacidades económicas. La influencia de este poder económico en la política puede manifestarse a través del financiamiento de candidatos, la promoción de agendas específicas o la creación de movimientos políticos. Y si la impunidad lo permite podría incluso financiar la participación directa de algunos de estos actores criminales en organizaciones políticas
A la luz de estos antecedentes, la operación contra «Los Occidentales» pone de manifiesto la relevancia de las políticas de control financiero. El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la aplicación de filtros de integridad en los partidos políticos y la optimización de las herramientas de fiscalización de la ONPE y el JNE son medidas orientadas a reducir las oportunidades de que fondos de origen ilícito financien la actividad política. Si bien hoy el reto supera las capacidades de control, es indispensable que los partidos políticos sientan que los ciudadanos podemos castigar con nuestro voto a quienes no tomen las medidas necesarias para evitar que los criminales postulen utilizando sus identidades partidarias.
Esta es una versión extendida del artículo publicado en:
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