El sector minero es uno de los pilares fundamentales de la economía peruana. No solo comprende a la gran minería, sino que incluye una amplia red de actividades a mediana y pequeña escala que dinamizan las economías locales y nacional. Las amenazas que enfrenta este sector han evolucionado, y hoy están protagonizadas principalmente por la minería ilegal y el crimen organizado. El problema radica en que, muchas veces, el análisis se concentra únicamente en la actividad minera ilegal, sin considerar el extenso entramado de delitos asociados, que se articulan a través de redes criminales organizadas. Esta articulación implica riesgos no solo para las operaciones mineras, sino también para las comunidades locales, el entorno ambiental y la estabilidad institucional.
La evolución de estas amenazas ha seguido una trayectoria que refleja los cambios en el contexto delictivo peruano. En las décadas de 1980 y 1990, el terrorismo fue el principal riesgo para las operaciones mineras, mediante ataques directos a la infraestructura y la imposición de condiciones a las empresas. Posteriormente, emergieron conflictos sociales vinculados a demandas territoriales y ambientales, muchos de ellos asociados a la percepción de una distribución desigual de los beneficios mineros. En los últimos veinte años, la minería ilegal ha adquirido mayor relevancia, desarrollando capacidades operativas propias e integrándose con el crimen organizado, lo que ha configurado un escenario de amenazas más complejo y difícil de gestionar.
Actualmente, estas amenazas no operan de manera aislada, sino que se superponen y generan sinergias que incrementan su capacidad de impacto. Esta superposición se observa en fenómenos como la invasión de concesiones mineras legales, el robo de cargamentos, la extorsión a trabajadores y empresas, el tráfico ilícito de insumos y la contaminación ambiental. Además, el crimen organizado ha desarrollado mecanismos sofisticados para infiltrarse en la cadena de suministro, integrando minerales extraídos ilegalmente en el mercado formal, lo que no solo distorsiona la competencia, sino que también socava la reputación de las empresas mineras que operan dentro del marco de la legalidad.
El análisis de estas amenazas permite identificar una amplia gama de delitos. La evidencias señalan que al menos diez tipos de delitos que afectan al sector minero, entre ellos robos, extorsiones, usurpación, trata de personas, lavado de activos y corrupción. Estos delitos cuentan con 52 manifestaciones distintas y 21 tipos penales aplicables, lo que refleja la diversidad y complejidad de las actividades criminales relacionadas con la minería ilegal. Así, el problema no es solo la extracción y comercialización ilícita de minerales, sino de una serie de prácticas delictivas que afectan la seguridad, la economía y la cohesión social en las zonas mineras.
Estas conductas pueden organizarse en cuatro niveles interdependientes. Sin duda la conducta principal y movilizadora es la minería ilegal. Pero en segundo lugar, las conductas secundarias, que facilitan la actividad ilícita, operan a través de invasiones, bloqueos y ataques a la infraestructura, e inclusive la extorsión a los contratistas y proveedores y el sicariato. En tercer lugar, las conductas terciarias, que permiten sostener las operaciones criminales mediante el lavado de activos, el tráfico de insumos y la corrupción de funcionarios. Finalmente, los epifenómenos delictivos, que emergen como efectos colaterales, como la explotación laboral y sexual, la violencia contra comunidades locales y el daño ambiental.
En esa línea, es fundamental comprender que la minería ilegal no es una actividad aislada, sino el núcleo de una amenaza mucho más amplia y diversificada. Abordar este problema requiere una mirada integral que supere el enfoque exclusivo en la extracción ilícita y considere toda la estructura criminal asociada. La implementación de marcos analíticos, como la Evaluación Situacional de las Oportunidades Delictivas (eDOS), permite mapear actores, identificar dinámicas y diseñar intervenciones que reduzcan las oportunidades delictivas en el sector. Asimismo, la colaboración entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades locales se vuelve imprescindible para enfrentar estas amenazas de manera eficaz y sostenible en el tiempo.
(Este artículo está basado en un artículo en evaluación para publicación.)
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