El crimen organizado es el principal problema del país. Enfrentamos actores con vastos recursos y una alarmante y cada vez notoria capacidad de incidencia sociopolítica. Este desafío exige ajustar la estrategia en dos dimensiones.
Primero, el combate al crimen organizado debe mirarse en una escala global. La cocaína y el oro que se producen en la Amazonía peruana recorren rutas internacionales hacia Europa, Estados Unidos o Asia. Para que ello ocurra las redes criminales regionales colaboran y compiten con actores locales, consolidando cadenas de suministro globales. Por ello, es urgente fortalecer la cooperación regional. Mecanismos como el Plan de Acción Resolutivo (PAR) de la Comunidad Andina son un excelente escenario para ello.
Pero esto requiere, en segunda instancia, tener capacidad de acción a nivel nacional. Sin ello no es factible pensar en esfuerzos coordinados internacionales. Sabemos que hemos perdido herramientas legales importantes estos últimos meses (pérdida de dominio, ley contra el crimen organizado, etc.). Ello hace aun mas urgente -aunque también difícil- la coordinación entre niveles de gobierno y los operadores de seguridad y justicia.
Urge entender que el peligro de fondo no es solo la violencia, sino las barreras al desarrollo y un terreno fértil para propuestas poco democráticas que prometen -con escasos visos de viabilidad- soluciones mágicas a estos problemas.
Publicado en El Comercio 30/12/2024
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