Economías ilegales: desafío global, impacto local.

Las economías ilegales asociadas a la producción de cocaína, la minería de oro ilegal y la tala ilegal representan desafíos complejos que trascienden las fronteras nacionales. Estas actividades no solo generan violencia y corrupción, sino que también afectan profundamente la sostenibilidad económica, ambiental y social del país. Para los tomadores de decisión, entender su complejidad es el primer paso hacia la implementación de estrategias efectivas. Aquí algunas ideas al respecto, compartidas en el evento Tejiendo Ciudadanía organizado por PNUD en Iquitos hace unos días:

1. La conexión entre lo global y lo local. Las economías ilegales son impulsadas por una creciente demanda global de commodities controlados como la cocaína, el oro y la madera. Entre 2014 y 2022, los consumidores de cocaína aumentaron de 14 a 22 millones a nivel mundial, según UNODC. En paralelo, el precio récord del oro, que supera los $2600 por onza, ha incentivado la expansión de la minería ilegal. En el Perú, a partir de datos del MINEM, se puede estimar que el 50% de las exportaciones de oro proviene de fuentes ilegales o informales. Aunque la demanda se concentra en mercados internacionales, el impacto más severo recae en las comunidades locales. En 2023, 17,000 hectáreas de cultivos de coca se ubicaron en territorios de comunidades nativas y campesinas, mientras que 14,000 hectáreas afectaron áreas protegidas de la Amazonía. Esta dinámica pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.
2. Sistemas complejos de suministro. Las cadenas de suministro de estas economías ilegales operan de manera sofisticada y fragmentada, integrando actividades legales, informales e ilegales. Por ejemplo, en la producción de cocaína, las ganancias ilícitas se canalizan a través de negocios locales como ferreterías, transporte público, industria manufacturera, etc., creando una economía paralela que refuerza las actividades ilícitas. La minería y la tala ilegal siguen patrones similares. Aprovechan vacíos legales y sistemas administrativos vulnerables, lo que dificulta el control estatal. Incluso cuando se desarticulan ciertos eslabones de la cadena, el sistema global continúa operando gracias a su capacidad de fragmentación y resiliencia.
3. Impacto social y derechos fundamentales. Para muchas comunidades, las economías ilegales representan la única oportunidad disponible. Sin embargo, estas actividades suelen estar asociadas a condiciones de explotación, como el trabajo forzoso y la violencia. Los campamentos de minería y tala ilegal son espacios donde las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas. Además, estas economías transforman las dinámicas sociales y económicas locales. Aunque pueden dinamizar la economía en el corto plazo, generan una dependencia que perpetúa la vulnerabilidad. Cuando el Estado interviene con acciones como la erradicación de cultivos de coca, el impacto económico negativo se extiende incluso a actividades legales indirectamente vinculadas.
4. El reto de la respuesta estatal. La respuesta estatal frente a estas economías ilegales ha sido limitada y, en muchos casos, meramente performativa. Por ejemplo, la política de erradicación de cultivos de coca, a pesar de ser una medida sostenida durante décadas, se implementa de manera heterogénea a nivel territorial. Esto refleja graves limitaciones operativas, presupuestales y logísticas, especialmente en regiones rurales y amazónicas. El sistema de justicia y seguridad enfrenta precariedades similares. La falta de equipamiento, personal capacitado y recursos logísticos limita la capacidad de desarticular estas redes. Además, las presiones políticas y la captura de las instituciones dificultan la implementación de políticas públicas efectivas.

En síntesis, las economías ilegales son un fenómeno complejo que exige una respuesta integral y coordinada. Para los tomadores de decisión, el reto no solo es contener estas actividades, sino también abordar las condiciones estructurales e institucionales que las hacen posibles.