Recientemente, el PNUD organizó el seminario sobre conflictividad electoral en América Latina, donde tuve el encargo de moderar un panel sobre economías ilegales y elecciones. A continuación, comparto algunas reflexiones personales, basadas en lo expuesto por Celine González (México), Vladimir Mendoza (Honduras) y Rubén Vargas (Perú).
Comprender la complejidad del problema
Uno de los puntos más importantes que surgió en el panel es la necesidad de comprender la complejidad de las economías ilegales. No se trata simplemente de delitos aislados o de los daños que generan. A nivel macro, estamos ante un sistema económico global donde la demanda de productos ilegales, como la cocaína o el oro de la minería ilegal, no proviene de las localidades productoras. Sin embargo, es en estas regiones productoras donde se concentran los mayores daños: violencia, destrucción ambiental y descomposición institucional. Esto implica que el interés por enfrentar estas economías debería ser compartido no solo por los países productores, sino también por los países consumidores.
Movilización de recursos y actores en el ámbito local
A nivel local, la magnitud de las economías ilegales en América Latina es impactante. En el panel se compartió un dato revelador: el valor de venta de una sola incautación de cocaína en Honduras podría financiar entre 6 y 12 campañas electorales. En Perú, el narcotráfico y la minería ilegal mueven anualmente alrededor de 10 mil millones de dólares. Esto refleja no solo la enorme capacidad de movilización de recursos, sino también el poder político que estas economías pueden ejercer en las comunidades locales.
Se destacó además cómo estas economías ilegales están profundamente enraizadas en las comunidades rurales y amazónicas, donde se presentan como alternativas económicas clave, movilizando recursos en zonas donde el Estado muchas veces está ausente. Así, estas actividades no solo generan ingresos, sino también una base política. En algunas localidades, es impensable que un candidato local no provenga o esté respaldado por los grupos vinculados a estas economías ilegales. Este fenómeno convierte a las economías ilícitas en espacios de producción de cuadros políticos que defienden sus intereses.
La expansión de las estructuras criminales regionales
Otro de los puntos discutidos en el panel fue la creciente expansión de las organizaciones criminales a nivel regional. Redes como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital o el Comando Vermelho controlan cada vez más territorios en la región amazónica, rutas clave para el tráfico de drogas y otros productos ilegales. Estos grupos no solo tienen una potencia de fuego superior a la de las fuerzas locales, sino que también controlan territorios, desafiando la soberanía de los Estados.
Precariedad de las instituciones de control
El debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia agrava esta situación. En muchos casos, los operadores de seguridad trabajan en condiciones extremadamente precarias, bajo amenazas constantes y con recursos insuficientes para enfrentar a estas organizaciones poderosas. Como resultado, operan en un entorno donde las presiones políticas ejercidas por las redes criminales dificultan su labor.
La representación política como herramienta de control
Uno de los aspectos clave de la discusión fue cómo las redes criminales han aprendido a utilizar la representación política como una herramienta para garantizar su supervivencia y expansión. Al controlar a los actores políticos, logran incidir en la desregulación del control estatal, precarizando aún más las condiciones de los operadores de seguridad y justicia. Esto no solo les permite operar con mayor libertad, sino que también les proporciona un escudo frente a las instituciones encargadas de combatirlas.
Asimismo, la violencia generada por estas economías tiene un impacto directo en la participación electoral. Las amenazas y la coerción ejercida sobre las comunidades locales desincentivan la participación ciudadana en los procesos democráticos, erosionando la legitimidad de las instituciones electorales y políticas.
Hacia una respuesta regional
Un punto central del panel fue la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva regional. Las amenazas que representan las economías ilegales trascienden las fronteras de los países y requieren una respuesta coordinada entre los Estados. Es imperativo que los países productores y consumidores trabajen juntos para enfrentar este desafío. La comunidad internacional, especialmente los países que consumen los productos ilícitos, debe asumir su parte de responsabilidad en el diseño de políticas que aborden este problema de manera integral.
En conclusión, el panel dejó claro que estas economías, con su capacidad descomunal de movilizar recursos y actores, representan un reto formidable para las instituciones democráticas. Surge la necesidad de un enfoque regional coordinado y del compromiso de la comunidad internacional para enfrentar esta amenaza creciente.
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