Reflexiones sobre el crimen organizado y las extorsiones en bodegas

Este artículo sintetiza algunas reflexiones de un reciente webinar organizado por Agremub, donde se analizó el impacto del crimen organizado y la extorsión en los negocios, con énfasis en negocios locales como las bodegas. La expansión del crimen organizado transnacional ha encontrado en las economías locales un terreno fértil para su consolidación. Este fenómeno no solo se refleja en actividades como el narcotráfico o la trata de personas, sino también en la extorsión, que afecta directamente a los negocios. A partir de las ideas discutidas en el webinar, es posible destacar varias claves para comprender y enfrentar este problema.

• La Extorsión como «Impuesto Criminal” Uno de los puntos más relevantes es la consideración de la extorsión como un impuesto criminal. Las PYMES, que ya enfrentan cargas burocráticas significativas, se ven obligadas a destinar recursos a la seguridad privada y, en muchos casos, al pago de extorsiones para evitar represalias. Esto genera una paradoja: mientras los empresarios cumplen con todas las obligaciones formales, el Estado no logra garantizar su seguridad básica. Autores como Von Lampe (2016) destacan cómo las economías criminales generan redes locales que imponen su propio sistema de control y regulación. Estas redes, que operan a menudo en competencia violenta por el territorio, reproducen dinámicas de gobernanza extralegal. Gambetta (1993) resalta que organizaciones criminales como la mafia italiana han utilizado históricamente la violencia y la amenaza para ofrecer «protección» a cambio de pagos, creando un sistema paralelo de seguridad e imposición tributaria.
• Impacto Económico: Más Allá de las Cifras. Los datos presentados durante el webinar son alarmantes. El 54% de las PYMES reporta pérdida de clientes debido a la inseguridad, mientras que solo el 3.6% considera que la afectación es baja. Estas cifras ilustran cómo la inseguridad no solo afecta la operación diaria de los negocios, sino que también tiene un impacto directo en sus ingresos. La extorsión se manifiesta a través de diversas modalidades como el chalequeo, el escopetazo y el gota a gota. Estas prácticas no solo generan un costo financiero directo, sino que también afectan el tejido social y empresarial de las comunidades. Reuter (1983) describe cómo las organizaciones criminales predatorias imponen costos adicionales en sus áreas de operación, impactando negativamente la capacidad de desarrollo económico local. Estas dinámicas de extorsión también limitan la inversión y perpetúan la informalidad, creando un círculo vicioso de inseguridad y precariedad económica.
• Seguridad: Un Derecho, No un Privilegio. Una de las ideas fuerza más destacadas es que la seguridad debe ser entendida como un derecho que el Estado está obligado a garantizar. En muchos distritos, la inversión en seguridad pública es irrisoria, llegando a ser de menos de 1 sol per cápita al año. Esta cifra refleja una desconexión preocupante entre las necesidades de la población y las prioridades presupuestarias locales. Varese (2001) argumenta que la capacidad de las organizaciones criminales para controlar territorios y brindar «seguridad» está directamente relacionada con la ausencia de un Estado efectivo. Esta dinámica es particularmente evidente en regiones donde las fuerzas de seguridad son insuficientes , dejando a los ciudadanos y empresarios expuestos a las amenazas del crimen organizado.
• Rol de los Gremios y la Sociedad Civil. En este contexto, los gremios empresariales han asumido un rol crucial en la denuncia y visibilización del problema. Organizaciones como Confiep, Capeco y CGTP, han liderado esfuerzos para documentar el impacto económico de la extorsión y exigir respuestas concretas al Estado. La generación de datos concretos sobre victimización y costos es clave para fortalecer la incidencia política. Según Von Lampe (2016), la colaboración entre actores estatales y no estatales es fundamental para abordar problemas complejos como el crimen organizado. Los gremios no solo deben actuar como intermediarios, sino también como voceros que articulen las demandas del sector privado con las políticas públicas.

En síntesis, la formalidad que se exige a las PYMES debe ir acompañada de un compromiso estatal para garantizar seguridad. No es sostenible que los negocios asuman la carga de protegerse a sí mismos mientras el Estado permanece ausente o ineficaz en su rol básico. La seguridad es, en última instancia, un componente esencial del contrato social, y su provisión efectiva es indispensable para el desarrollo económico y la cohesión social.  La lucha contra la extorsión y el crimen organizado requiere un enfoque integral que combine medidas represivas con estrategias preventivas y de fortalecimiento institucional. Los gremios, por su parte, tienen la tarea de mantener viva la presión política y exigir soluciones estructurales que beneficien a toda la sociedad.

Referencias

Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Harvard University Press.

Reuter, P. (1983). Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand. MIT Press.

Varese, F. (2001). The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy. Oxford University Press.

Von Lampe, K. (2016). Organized Crime: Analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance. SAGE Publications.