El Congreso peruano promueve una ley que permite sancionar a menores de edad como si fueran adultos en casos de delitos graves. Esta medida plantea serias dudas sobre su efectividad y su impacto en el sistema de justicia penal juvenil.
- ¿Es este un paso en la dirección correcta? El endurecimiento de las penas contra menores busca responder a la creciente preocupación por delitos graves como homicidio, secuestro y violencia armada. Sin embargo, la evidencia sugiere que esta estrategia, centrada únicamente en la sanción, es impertinente. Los menores involucrados en este tipo de delitos suelen provenir de entornos de extrema vulnerabilidad, indicadores de riesgo y contacto con redes criminales. ¿De que forma esta medida atiende estas realidades?
- El peligro de la justicia punitiva. Juzgar a menores como adultos implica riesgos significativos. Por un lado, se debilita el enfoque de rehabilitación que debería caracterizar al sistema de justicia juvenil. En lugar de ofrecer una oportunidad de reinserción, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia y exclusión social. Además, es importante recordar que las cárceles, lejos de ser espacios de corrección, muchas veces funcionan como escuelas del crimen, donde los jóvenes son expuestos a dinámicas aún más peligrosas.
- Una contradicción preocupante. Esta ley también expone una gran incoherencia en el enfoque del Estado frente al crimen organizado. Mientras se endurecen las sanciones contra menores, se observa mucha indulgencia con estas organizaciones que los reclutan y utilizan. Si el objetivo es realmente combatir el crimen organizado, es necesario un enfoque integral que ataque sus raíces y no solo sus síntomas.
- Populismo penal y soluciones superficiales. El fenómeno que estamos presenciando se inscribe en lo que muchos expertos llaman populismo penal: la búsqueda de soluciones rápidas y visibles para problemas complejos. Si bien endurecer las penas puede generar una sensación de seguridad en el corto plazo, no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil. La verdadera lucha contra el crimen requiere invertir en prevención, educación y programas de reinserción que ofrezcan a los jóvenes alternativas reales.
- La necesidad de un enfoque integral. La solución a la delincuencia juvenil no pasa principalmente por el endurecimiento de las medidas. Se necesita un sistema de justicia que combine responsabilidad y protección, con políticas públicas que intervengan en las etapas tempranas de la vida de estos jóvenes. Asimismo, es crucial desmantelar las redes criminales que se benefician de la vulnerabilidad de los menores y ofrecerles un entorno donde puedan construir un futuro diferente.
La aprobación de esta ley plantea un reto para todos los actores involucrados en el sistema de justicia y en la formulación de políticas públicas. ¿Estamos realmente atacando las causas profundas del problema o simplemente optando por soluciones que lucen bien en el papel?
CriminologiaPe 